En las últimas horas, a través de un escrito de 100 carillas, los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, pidieron llamar a indagatoria al ex ministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo del vacunatorio VIP, destapado en su momento a través de un testimonio radial de Horacio Verbitsky, que motivó la salida del titular de la cartera del Gobierno nacional.
Además de pedir la indagatoria de Ginés, los fiscales que trabajan en la causa que investiga el escandaloso vacunatorio VIP, reclamaron los testimonios del ex titular del Hospital Posadas, Alberto Maceira, la ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva de dicha institución, María Elena Borda, el ex secretario privado de González García encargado de realizar los llamados para convocar a los vacunados VIP, Marcelo Guille, y el ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Salvador Costa.
Cabe mencionar que, se los imputa por los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal, ya que el dictamen especifica que la sustracción de inyecciones destinadas al vacunatorio VIP se realizó “cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del personal de salud y, eventualmente, el personal estratégico”.
De esta manera, los fiscales explicaron que Maceira y Borda, los médicos responsables del Posadas, ordenaron el retiro de 50 dosis, para vacunar a personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos, al no integrar la categoría ‘personal de salud y/o estratégico’, infringiendo el esquema de vacunación estipulado en la Resolución 2883/2020”.
En la misma línea, Taiano y Rodríguez expresaron que, tanto Ginés al dar la orden de sacar vacunas del Posadas para personas que no cumplían con los requisitos estipulados, como Maceira, Borda, García, Guille y Costa al acatar dicha medida, “vulneraron los derechos con jerarquía constitucional relativos a la salud, la igualdad y la no discriminación”.
Así, el dictamen describe que los hechos que motivan las indagatorias, son el retiro de diez dosis del Hospital Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente, el retiro de cinco dosis de la Sputnik V para trasladarlo al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y Carlos Alberto Mao, y la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas
La investigación de los fiscales, Taiano y Rodríguez, determinó que el traslado de las diez dosis del Posadas para iniciar el vacunatorio VIP que más tarde resultó un escándalo, fue planificada con al menos un día de anticipación, e iniciado a través de un llamado del secretario privado de Ginés, al mismo tiempo que comprobó que las vacunas fueron trasladadas en un auto de la misma institución, tras una orden de Maceira.
Además, al escándalo por las personalidades que “se saltaron la fila” para inocularse contra el Covid-19, se le suma que el vacunatorio VIP donde los allegados de Ginés se vieron involucrados, fue montado en una sala del segundo piso del ministerio de Salud, a pocos metros del despacho del entonces titular de la cartera, y era el mismo Guille, el que le indicaba a la gente que había llamado previamente dónde debían aguardar para recibir la dosis prometida.
Es preciso recordar que, la causa judicial contra Ginés González García y los involucrados en el delito cometido, comenzó el 22 de febrero de 2021, a pocos días de que se conozca el escándalo del vacunatorio VIP y de que el presidente, Alberto Fernández, le solicite al ministro la renuncia inmediata, con las denuncias del fiscal Guillermo Marijuan, y de varios diputados que repudiaron el hecho.
En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso, luego de afirmar que en el Código Penal “no existe una cláusula que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”, pero el fiscal Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló, y luego de que la Sala I de la Cámara Federal le diera la razón, se ordenó reabrir la investigación.