La comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados bonaerense dio luz verde a un proyecto de ley de la legisladora del Frente de Todos, Lucía Iañez, que busca optimizar los mecanismos de determinación de la cuota alimentaria.
En este sentido, el proyecto de Iañez propone introducir cambios en distintos artículos de la ley 7.425/68, es decir el Código Procesal Civil y Comercial bonaerense, y sus modificatorias, con el propósito de “garantizar el derecho alimentario de niñas y niños frente al incumplimiento de sus progenitores”.
Por caso, la iniciativa de Iañez promulga que los organismos nacionales y provinciales de recaudación de impuestos deberán relevar informes “sobre la existencia de ingresos registrados en cabeza de la parte demandada”.
Dicho informe, será tenido en cuenta por el juez a cargo, en caso de que la persona perjudicada denuncie al individuo que no tiene regularizada la cuota alimentaria. En esta audiencia, según el artículo 636 de la ley 7425, deberán comparecer tanto las partes en conflicto, como también un representante del Ministerio Público bonaerense.
Asimismo, el texto de Iañez también modifica el artículo 647 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense, al agregar que, en el momento en que se produzca el incidente con la cuota alimentaria, “las partes podrán requerir la medida dispuesta en el inciso 5 del artículo 635 (el informe de ingresos registrados), sin perjuicio de haberlo hecho o no al momento de presentación de la demanda”.
“Uno de los mayores obstáculos con que se encuentras las personas al momento de iniciar un proceso judicial a fin de solicitar una cuota alimentaria es la dificultad de conocer, siquiera de manera aproximada, los ingresos económicos de la persona alimentante”, advierte Iañez en su proyecto.
En este marco, Iañez remarcó en los fundamentos de la iniciativa que la falta de ingresos es uno de los argumentos esgrimidos por los deudores alimentarios para negarse a normalizar la cuota. Asimismo, también subrayó que esta ausencia de información sobre su dinero impide determinar un monto mínimo de cuota a cumplir.
Por último, Iañez destacó la perspectiva de género de su proyecto de ley, ya que el mismo “intenta dar una respuesta a una problemática con la que día a día se encuentran miles de personas, en su mayoría mujeres, jefas de hogar, que deben perseguir a los progenitores que se evaden de su obligación alimentaria”.
“Esta problemática tiene un impacto diferencial y concreto en las mujeres, ya que en virtud de la asignación tradicional y maternalista de roles en nuestra sociedad, son las madres quienes asumen el cuidado de sus hijos e hijas de manera exclusiva, debiendo recurrir a la justicia para que el progenitor asuma al menos el deber alimentario para con ellos”, indicó Iañez.