El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 27.696 de Abordaje Integral de Personas Víctimas de Violencia de Género, que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las Obras Sociales Nacionales “un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas”.
La ley sancionada a fines del año pasado obliga a brindar cobertura como prestación obligatoria a todas las obras sociales, tanto públicas como privadas, e incluye las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas y quirúrgicas.
En lo próximo, será el Ministerio de Salud quien deberá elaborar el Protocolo para la Atención Integral de la Salud de las personas ante situaciones de violencia por motivos de género y dictará las medidas complementarias que resulten necesarias para hacer efectiva la cobertura total de las prestaciones, principios activos y/o dispositivos médicos para la prevención y la atención integral de la salud.
Vale recordar que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad creó en el año 2021 el Sistema de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) con el objetivo de sistematizar la información disponible sobre casos de violencia por motivos de género y constituir una herramienta de consulta y seguimiento que permita el diseño de políticas públicas sobre el fenómeno de la violencia de género a nivel nacional.
La violencia de género se define como toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que de manera directa/ indirecta en cualquier ámbito afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. También están comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Entre las acepciones se encuentran: la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política y como “modalidades”, las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, ya sea: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y la violencia pública-política.