En el marco del proceso electoral en curso, las Defensorías de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes instaron a las fuerzas políticas, funcionarios y legisladores “a otorgarle absoluta centralidad y prioridad a la protección de la niñez y la adolescencia en todas las políticas y planes de gobierno”, de acuerdo a un comunicado conjunto que firmaron las defensoras y defensores de Nación y de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Fe y Misiones.
“Hemos detectado con profunda preocupación la ausencia de una mirada con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en los discursos públicos como en las propuestas, así como un incremento de la estigmatización de las infancias y adolescencias”, coincidieron las y los defensores en su pronunciamiento conjunto, al que titularon “A 40 años de democracia: La deuda es con las infancias y adolescencias”.
Tras recordar las “advertencias” ya realizadas a los Estados nacional, provinciales y municipales, las Defensorías destacaron que es “necesario bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales”.
En diálogo con Télam, la defensora nacional Marisa Graham señaló: “Vemos con mucha preocupación que ninguno de las y los candidatos que quedaron (en competencia electoral) tras las PASO han presentado o hecho público proyectos, planes y políticas públicas vinculados a seguir garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
“Por el contrario -agregó-, hemos escuchado algunas aseveraciones que nos preocupan y que serían un retroceso muy importante en relación no solo a la titularidad de los derechos sino el acceso a los mismos”.
Graham se interrogó acerca de “cuáles son las políticas sanitarias y educativas que pretenderán aplicar” candidatos presidenciales como Javier Milei, de La Libertad Avanza, postulan iniciativas que “implican que no habrá más educación y salud públicas”.
En ese sentido, la defensora advirtió que “el 45 por ciento de los niños, niñas y adolescentes solo accede al sistema de gestión estatal de salud” y “el 74 por ciento de ellos concurre al sistema educativo de gestión estatal”.
En otro pasaje de su pronunciamiento, las y los defensores expresaron su “defensa irrestricta y rechazo a cualquier política o decisión de gobierno que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia, respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país”.
“El gran desafío -agregaron- es bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, que hoy alcanzan el 54,6% y 12,2% respectivamente, identificando y desarmando los mecanismos que producen la persistencia de la desigualdad, tanto de ingresos como de edad, género, de acceso a la salud y la educación, territoriales, ambientales, de origen, entre otros”.
En relación a ello, Graham dijo a Télam que la Defensoría que encabeza y la de las provincias pretenden que “se sigan ampliando políticas, que son insuficientes. Un ejemplo es la tarjeta Alimentar, que hoy llega a familias con hijos de hasta 14 años y queremos cubra toda la minoridad, es decir a los chicos de hasta 17. También que se continúe con el Progresar y sean incorporados los chicos de 15 años, al igual que políticas públicas orientadas a franjas etárea de 13 a 17 años, de chicos y chicas que están solos en territorios, tanto en sectores populares como en las capas medias y medias altas y padecen sufrimientos subjetivos. Necesitamos una potente propuesta de salud mental”.
“La democracia es con las chicas y los chicos. Todas estas acciones deben implementarse con la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. No hay democracia plena sin ellas y ellos ejerciendo su ciudadanía, enriqueciendo con sus miradas y saberes los procesos en los que se toman decisiones que atañen a sus vidas”, reclamaron los y las defensoras.
Además de Graham, los firmantes son: Amelia López, de Córdoba; el defensor nacional adjunto Facundo Hernández; Juan Pablo Meaca, de La Pampa; Leandro Drube, de Santiago del Estero; y Rossana Marlí Franco, de Misiones.