La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó ayer sin funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien el 9 de agosto último cumplió los 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.
La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal, según surge de la resolución del máximo tribunal a la que accedió Télam.
Los magistrados declararon que la camarista federal “cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto” de 2023, cuando cumplió 75 años de edad, límite que marca la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura.
Además dispusieron, en forma unánime, “poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto” para que “adopte las medidas que estime necesarias”.
En una reunión celebrada el 8 de agosto último Figueroa informó a la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) el “estado parlamentario” del expediente PE 59/23 en el que, cumplido el límite constitucional, se solicitaba que fuera designada como vocal, y que hasta que no hubiera acuerdo firmaría en su lugar el vicepresidente del tribunal.
Un día después que Figueroa cumpliera los 75 años de edad, la CFCP lo comunicó oficialmente a la Corte y destacó que no se había completado el trámite constitucional para su nuevo nombramiento, lo que, basados en precedentes, podría derivar en “el cese de sus funciones”.
La Corte recordó que tras la reforma de 1994, el artículo 99 inciso cuarto tercer párrafo de la Constitución Nacional, prevé que “un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado), será necesario para mantener en el cargo” a cualquier juez “una vez que cumpla la edad de 75 años”.
La norma agrega que “todos los nombramientos de magistrados” cuya edad sea 75 años o mayor “se harán por cinco años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite”.