Las advertencias de la Corte Suprema sobre los límites constitucionales que impedirían llevar a la práctica las propuestas de dolarización anticipan para el próximo gobierno que la cabeza del Poder Judicial no descarta profundizar su intervención sobre el rumbo del Estado desde la revisión de constitucionalidad.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, explicitó esa intención en la reciente entrevista publicada en el diario español El País, del Grupo Prisa, en la que advirtió que no se puede eliminar el peso como moneda de curso legal en la Argentina.
“Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida”, dijo sobre el deseo de Javier Milei de convertir al dólar estadounidense como moneda nacional, y remarcó: “Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla”.
El principal aludido por esa definición, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, se tomó unos días para referirse al límite que buscó anticipar Rosatti y finalmente contestó el viernes, durante un mitin organizado por el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo en Parque Norte.
“Me parece que las interpretaciones de Rosatti no son apropiadas. Le hago una pregunta a Rosatti: ¿Por qué avala robarle a los argentinos con el señoreaje 25 millones de dólares por año? ¿Por qué se pone del lado de los políticos ladrones y en contra de los políticos de bien?”, indicó el economista que trabajó largos años como analista financiero de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian.
Por “señoreaje”, Milei y uno de sus principales economistas y defensor de la dolarización, Emilio Ocampo, entienden los ingresos que percibe el Banco Central por la emisión monetaria y que la LLA entiende como un “robo”.
En su entrevista con el periodista Martín Sivak para El País, Rosatti no sólo se refirió a los proyectos dolarizadores del candidato libertario sino que además manifestó que en el país existe una “emisión incontrolada” que en su opinión no respeta el mandato constitucional de defender la moneda.
Así repitió lo dicho en mayo pasado, al realizar un discurso invitado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham por sus siglas en inglés).
“Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada”, señaló cuatro meses atrás en ese foro empresario, donde redundó: “Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda”.
Cuando aludió a la política monetaria, como a la obligación de tener una moneda propia como Estado, Rosatti aludió al artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, que obliga al Congreso a proveer a “la defensa del valor de la moneda”, sin más precisiones.
La irrupción de Rosatti en la discusión económica en plena campaña electoral fue leída por los analistas como la manifestación política de la cabeza de uno de los tres poderes de la República, que de ese modo ratificó su intención de mantener y ampliar su influencia en el debate público.
Pero sus declaraciones al diario español no constituyen la primera intervención “política” del juez santafesino, cuya actuación en los últimos años y el rol de su asesor Silvio Robles están en el centro de las acusaciones de los diputados oficialistas cada vez que se reúne la comisión de Juicio Político.
Salvando que toda definición jurídica contempla una decisión política, el primer fallo de la Corte que conmovió la escena política fue haber declarado inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que en el año 2006 redujo sus miembros de 20 a 13 miembros.
Aprovechando una decisión del actual oficialismo en la Cámara alta que dividió su bloque para quedarse con el cuarto representante del Senado en el órgano que designa y remueve los jueces, la Corte resucitó un viejo planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y determinó que el Consejo no respetaba el equilibrio entre representantes “técnicos” (jueces, abogados y académicos) y “políticos” (legisladores y el representante del Ejecutivo).
Con este fallo, Rosatti se ubicó al frente del organismo, que desde entonces quedó “desbalanceado”, ya que tras la resolución del máximo tribunal quedó nuevamente en vigencia la ley que regulaba previamente la composición y el funcionamiento del Consejo, y que había estado vigente hasta el año 2006.
En su diálogo con El País, Rosatti aludió a estos choques entre los tres poderes del Estado, sea por la conformación del Consejo de la Magistratura o sea por una eventual dolarización si llegara a imponerse en las urnas la propuesta ultraliberal de Milei.
“El diseño de la división de poderes, digamos, que programó Montesquieu hace varios siglos, es un diseño que cada tanto cruje”, deslizó en la entrevista, y todo indica que la Corte se reserva algunas alternativas de su caja de herramientas para ofrecer, limitar o condicionar al próximo gobierno.