Como todos los años los familiares y amigos de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) los recordaron con un acto en la estación de Quilmes a metros donde está señalizado el trágico hecho que costó las vidas a los menores fallecidos en la Masacre de la comisaría 1° en octubre de 2004.
Vale recordar que el año pasado se descubrió una placa en la sede de Alem y Samiento y se señalizó la Plaza de Hipólito Yrigoyen, en calle Alsina, entre Yrigoyen y Gaboto, lugar emblemático donde se organizó durante años la lucha de familiares y sobrevivientes.
Bajo el lema “seguimos exigiendo justicia, ni un pibe menos por violencia policial”; los familiares y amigos recordaron a los jóvenes a metros de la señalización y manteniendo vivo el recuerdo de los menores.
Vale recordar que en diciembre del año pasado fue condenada Elda Marina Guaquinchay Bogado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 por el delito de «omisión de denuncia de torturas».
Los hechos
La «Masacre de Quilmes» es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.
El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
En 2015 se realizó el juicio y por las torturas y el incendio, fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D’Elía, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
En el fallo del TOC 3 de Quilmes, los que recibieron la mayor pena fueron Pedreira (a quien le dieron 16 años de prisión), y D’Elía y Guzmán, quienes recibieron 10 y 9 años, respectivamente, pero están en libertad condicional.
Ninguno de los condenados fue preso hasta 2022, cuando el mismo TOC 3 ordenó que el inspector Pedreira (46), quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera, sea enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde deberá permanecer hasta el 18 de octubre del 2031.