El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, Martín Cormick, admitió tramitar un proceso colectivo contra el Consejo de la Magistratura con el objeto de que, en un plazo razonable, diseñe, apruebe y ordene un “Programa de incorporación de innovación tecnológica en el ámbito del Poder Judicial de la Nación” para optimizar el servicio de justicia.
Se trata de una acción promovida por Andrés Gil Domínguez, en su carácter de abogado e integrante del colectivo que litiga en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, quien enmarcó la acción en los términos del artículo 114 inciso 6 de la Constitución, que atribuye al Consejo la facultad de “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia”. También, citó las normas de la Ley 24.937 relativas a esas atribuciones, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
En su presentación, explicó que había hecho una petición administrativa ante el Cuerpo. Allí sugería algunas medidas de innovación tecnológica: creación del expediente digital en formato de libro digital con buscador de palabras o fojas, aplicación de inteligencia artificial, utilización de la tecnología blockchain en la administración y servicio de justicia, desarrollo de una aplicación del Poder Judicial, entre otras.
En el amparo argumentó que “el bien colectivo cita tutela de persigue está configurado por los emergentes del desarrollo científico y tecnológico que aplicados al funcionamiento del Poder Judicial tienen por objeto alcanzar la mayor eficiencia y transparencia posible respecto de la administración de justicia”. También, justificó que la pretensión está focalizada en los efectos colectivos que producirá en cuanto a los beneficios sociales de la incorporación de tecnología en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
En ese mismo sentido, añadió que esas acciones también impactarán en la tarea de los jueces, juezas, funcionarios, empleados y empleadas que desarrollan sus tareas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.