La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, impulsa un proyecto de ley para modificar el régimen de transferencia automotor, a través de un sistema más simplificado, digitalizado y menos costoso.
La iniciativa contempla la creación de un Registro Único Nacional Digital (RUNDA), con el fin de eliminar la intermediación y actuaciones ante los registros seccionales, que dejarían de existir.
Principales puntos del proyecto
Todos los vehículos comprendidos en la ley deberán inscribir obligatoriamente el dominio en el RUNDA.
La transmisión del dominio de los automotores, quedará constituida a partir de la inscripción de los datos del adquirente en el RUNDA y el título se formalizará con la sola firma digital.
Con la creación del RUNDA, se reemplazarán la totalidad de los trámites presenciales ante los Registros Seccionales y la gestión de formularios.
En caso de que el automóvil sea hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscripto a su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por la ley.
Al inscribirse un automotor en el RUNDA por primera vez, corresponderá emitir el título de propiedad al adquirente que será expedido por la plataforma en formato digital como instrumento público.
La patente, será vinculada al DNI o CUIT del adquirente.
Con respecto a este último punto, la iniciativa establece que a las personas físicas se les asignará una patente, que estará vinculada a su DNI toda su vida. En el caso de las personas jurídicas la tendrán vinculadas a su respectivo CUIT. Para aquellas personas que posean varios automotores, tendrán la misma cantidad de códigos alfanuméricos como vehículos dispongan con dicha vinculación.
Los trámites serán realizados en su totalidad de forma virtual, reemplazando los formularios que se utilizaron con anterioridad, fueran digitales o en formato papel. De esta manera, en el RUNDA se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes. También se anotarán los embargos y otras medidas cautelares, las denuncias de robo o hurto y demás actos que prevea la correspondiente ley o su reglamentación.
La plataforma única digital que contenga el RUNDA contará con la base de datos del RENAPER; ARBA; organismos recaudadores provinciales; anotación de embargos/prendas; Dirección de Tránsito (multas); Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Fabricadores Nacionales e Importadores; Municipalidades; Registro Único del Transporte Automotor (RUTA); Registros Nacional de antecedentes del tránsito (RENAP); Aduanas, cuya organización, trazabilidad, funcionamiento y mantenimiento se encomienda a la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
En todo el país regirá un arancel único, que se aplicará sobre las transferencias de dominio de todos los bienes comprendidos en el nuevo registro y será establecido como costo de servicio público por la autoridad de aplicación y no en relación al valor del bien a transferir.
El proyecto de ley considera transferencia a la venta, permuta, cambio, donación, dación en pago, inscripción de declaratorias, aporte a sociedades y todo acto de disposición, excepto la expropiación, por el que se transmita el dominio a título oneroso, incluso cuando tales transferencias se realicen por orden judicial o con motivo de concursos civiles y comerciales.
La iniciativa no determina la obligatoriedad del grabado de autopartes y cristales, ni la verificación policial. Con respecto a la Revisión Técnica, conocida como VTV, será obligatoria en todo el territorio nacional, a partir de los 60.000 km. Además de los talleres habilitados para dicho control, el mismo podrá ser reemplazado por las constancias de service oficiales de la marca del vehículo respectivo, hasta los 100.00 km.
El cumplimiento de la Revisión será controlado por las correspondientes autoridades policiales en cada jurisdicción. Su incumplimiento será pasible de una advertencia en primera instancia. En caso de un incumplimiento a los 70.000 km se aplicará una multa que no podrá exceder el costo de 50 litros de combustible premium.