Trabajadores cesanteados de la administración pública realizaron distintas protestas frente a sus lugares de trabajo en rechazo al decreto 84/2023 que dispuso que no se renovarán las contrataciones de personal efectuadas durante el 2023, y que prohíbe la renovación de los contratos por un periodo mayor a 90 días corridos.
En rechazo a estas medidas y para pedir la reincorporación, los trabajadores realizaron asambleas, ruideros, ingresos masivos y otras acciones de protesta en las puertas de las distintas carteras donde ya se registraron despidos como el Ministerio de Economía y en las Secretarías de Desarrollo Territorial y Hábitat y Trabajo.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano, indicó que el año comenzó con «despidos de personal» dependiente tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, los cuales fueron «mucho más brutales en algunos lugares que en otros».
«Hay 100 despedidos en la Secretaria de Niñez y Familia, hay 700 despidos en Cultura, hay 350 en la parte de Producción, hay 50 despidos en Agroindustria. Y así vamos sumando», detalló.
Sobre despidos en el ámbito porteño, Catalano remarcó que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, «redujo el 30% de monotributistas», que «se quedaron sin laburo el 31 de diciembre» y que fueron notificados «por mail o whatsapp que no les renovaron el contrato».
«En el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad rajaron 200 personas. En Medio Ambiente rajaron 80 laburantes que están en las cooperativas de cartoneros. En Niñez echaron gente que labura con adultos mayores», explicó y agregó que también «echaron profesores de educación física del Ministerio de Turismo y Deporte que laburan todos los días ocho horas».
El gremialista resaltó que «si querían arreglar el problema económico echando laburantes públicos no lo resolvieron, sino que agravaron la situación».
«Es una cuestión de desprecio y voluntad política de que el Estado no exista», señaló, y planteó que mañana a las 15.30 en la sede de ATE habrá «un plenario de delegados de empleados de Javier Milei y de Jorge Macri» para debatir «de qué manera» continuar.
Por su parte, el delegado de ATE, Pablo Almeida, detalló que en el Ministerio de Economía nacional se registró el despido de «más de 70 trabajadores» que les notificaron la finalización de su contratación
«Hay personas a las que no se les renovó, hay entre 1.800 y 1.900 compañeros que supuestamente se les va a renovar por tres meses, aunque no hay ninguna confirmación», detalló desde la puerta del ministerio en declaraciones a Télam.
El referente sindical sostuvo que «el diálogo no continuó con los funcionarios» y destacó que gracias a «la presión» que llevaron adelante a través de asambleas y ruidos se logró que el gobierno «repensara la situación de unos 30 compañeros que fueron retirados de la lista original».
«Los salarios se congelan con la inflación. En tres meses ese trabajo no te va a alcanzar ni para venir acá, ni para subsistir. Hay una situación de operatividad que se va a volver critica porque es imposible desarrollar las tareas en este marco de incertidumbre y con estos salarios tan bajos», remarcó Almeida.
También se realizó una «masiva» asamblea y se declaró el estado de alerta y movilización permanente en la secretaria de Trabajo, dependiente del ministerio de Capital Humano, donde según calculan desde ATE, 120 trabajadores ya fueron afectados.
«Vamos a hacer un recorrido por todo el organismos para que nos reciban y tomen la decisión política de revisar los despidos», subrayó el secretario adjunto de ATE Trabajo, José Luis Farias.
«Este golpe recibido es inicial, son cerca de siete mil despidos nuevos en toda la administración pública. Sabemos que en marzo se viene otro golpe con la revisión de las estructuras del Estado. Va a ser una pelea dura, pero tenemos la decisión y la voluntad y la unidad para seguir peleando y que nos reciban», aseguró y anticipó que el 24 de enero van a participar de paro general nacional convocado por la CGT.
Según fuentes sindicales, los despidos también se verificaron en la Ciudad de Buenos Aires en el Instituto de Vivienda, y en Desarrollo Humano y Hábitat.