Días atrás luego de que Enargas confirmara que el próximo 8 de enero se realizará una audiencia pública para debatir un nuevo aumento en las tarifas de energía, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para suspender dicha reunión.
La convocatoria a la audiencia se formalizó a través de la resolución 704 del 14 de diciembre de 2023 y se publicó en un suplemento especial del Boletín Oficial, en línea con la decisión del Gobierno de reducir los subsidios a los servicios energéticos y determinar un esquema de actualización tarifaria.
El objetivo de la cita es tratar la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural, la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes, el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y la determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes, entre otras cosas.
En tanto, mediante un comunicado, Gray detalló que el motivo de su presentación judicial radica en “la falta de respuesta por parte del organismo nacional ante la solicitud realizada por el jefe comunal de Esteban Echeverría el pasado 22 de diciembre”.
En concreto, en el recurso administrativo mencionado, se señaló que la modalidad virtual correspondió al régimen de emergencia sanitaria provocado por la Covid-19 y que, en la actualidad, “no se observa disposición alguna que habilite al Enargas a modificar la modalidad presencial”.
De esta forma, Gray solicitó que la audiencia se realice a través de una modalidad híbrida para que las vecinas y los vecinos que quieran participar, puedan hacerlo sin necesidad de contar con las herramientas tecnológicas requeridas para el formato virtual.
También se señala que la convocatoria realizada por Enargas a través de la Resolución 704/2023 no incluyó la información necesaria para efectuar un análisis previo de los temas a tratar, lo que imposibilita el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las/os usuarias/os y consumidores.