Los abogados agrupados en el colegio provincial emitieron un comunicado dirigido a los legisladores de la Nación a los fines de aportar “una mirada constructiva” respecto de algunos aspectos abordados en el proyecto de Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” que se encuentra en discusión en el ámbito legislativo.
En uno de los párrafos se señala que “la utilización en general de los DNU, que deben ser una herramienta de carácter restrictivo y excepcional, debe rechazarse el uso recurrente a esta herramienta, y por sobre todo rechazar contundentemente la validez constitucional de la ley 26.122 dictada por el Congreso Nacional, en tanto no hace más que deformar la cláusula constitucional del artículo 99 inc 3, violentando así la división de poderes, piedra angular del sistema republicano de gobierno consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional”.
Más adelante se enfatiza en que se utiliza el DNU para modificar el “Proyecto de Ley de procesos sucesorios no contenciosos” y el “divorcio administrativo”, puntos que impactan directamente en el ejercicio profesional de los matriculados: “se pretende receptar en el derecho argentino la figura del divorcio administrativo que, en su momento, la comisión que redactó el Anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial rechazó por varios y sólidos motivos. El rol del abogado es insustituible en situaciones como la de un divorcio, que enfrenta a sus protagonistas con uno de los procesos más desafiantes de la vida de las personas, fundamentalmente en cuanto a los efectos y las consecuencias del mismo, que necesariamente imponen un asesoramiento previo para evitar la conculcación o renuncia de derechos y el debido control Jurisdiccional”.
“La ausencia de un abogado dejará en desventaja a una de las partes, que conforme los hechos nos muestran, son generalmente las mujeres y que además atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos en general, en tanto supone la renuncia expresa e inequívoca de derechos para los particulares, sin el
debido asesoramiento letrado”; explica el comunicado.
Con relación a las conclusiones los letrados apelan al llamado a los representantes del pueblo mediante el poder delegado por medio de los votos: “llamamos a la reflexión para que en todo caso se puedan analizar las reformas con el tiempo necesario de estudio, búsqueda de antecedentes y datos que justifiquen los posibles cambios en cada materia, extremando los recaudos para lograr el consenso necesario y así lograr calar en la conciencia social y colectiva, logrando el fin buscado sin cuestionamientos y, garantizando la armonía y coherencia del ordenamiento jurídico. Quizás puede ser que algunas reformas puedan resultar necesarias en distintas materias. Pero no hay dudas, por ejemplo, que, modificar un cuerpo normativo como el Código Civil y Comercial, en aspectos troncales del mismo, además de quedar en evidencia que no se acredita la necesidad y urgencia, es imperioso que una reforma de tal magnitud sea fruto, no sólo de debate en el seno del Congreso, sino también que cuente con un espacio sólido de debate en el ámbito científico y académico de la Ciencia y la filosofía Jurídica”; finaliza el texto.