La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio, junto al Defensor del Pueblo de la Provincia Guido M. Lorenzino, presentaron ayer en la Justicia un pedido de anulación de las tarifas de transporte por considerar “irrazonable e ilegal” el aumento tarifario que dispuso el gobierno nacional.
El pedido de anulación fue presentado esta tarde en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo.
La medida de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación dispuso un nuevo cuadro tarifario con aumentos del 251% para colectivos y de 247% para trenes.
En la presentación se sostiene que la resolución de la secretaría de Transporte es “irrazonable”, que “no guarda relación con los salarios” y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.
“Cabe destacar que la mencionada resolución careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no proporcionó información clara y accesible a los usuarios del sistema y, además, no se llevó a cabo una audiencia pública. La participación ciudadana se vio limitada a expresarse electrónicamente, siempre y cuando sus comentarios no excedieran los 5000 caracteres. Como punto final, es importante señalar que, en la fecha de su realización, la audiencia estaba suspendida debido a una medida cautelar dictada el 24 de enero de 2024 por el Juzgado de Feria Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas De Zamora N°3”, se informó en un comunicado.
“El aumento en las tarifas, además de ser irrazonable, es inmoral debido a su impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la obligación de registrar la tarjeta SUBE representa un mecanismo de control social que afecta la esfera de intimidad de estos mismos sectores, configurando una indebida injerencia del Estado. Por último, la Resolución 5 fue emitida por un funcionario incompetente, ya que el Secretario de Transporte de la Nación no posee la facultad para aprobar e implementar tarifas”, se agregó.
“Es un aumento injusto que, en el contexto socioeconómico actual, perjudica a cinco millones de usuarios y usuarias que día a día se trasladan a sus trabajos y hogares. Si buscamos una tarifa justa y razonable debe existir una determinación precisa de todas las variables, cuya transparencia encuentra fundamento en la información adecuada y veraz que exige nuestra Constitución nacional, lo que no sucedió en las audiencias públicas realizadas ya que no fueron suficientemente explicitados los componentes que influyen en los costos del servicio y la ganancia empresaria”, coincidieron Lorenzino y Di Tullio.
Además, explicaron que “ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores y consumidoras. Es claro que los salarios no acompañaron el ritmo inflacionario, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte tiene un carácter de servicio público esencial que es necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, la educación y la salud”.