En la provincia de Santa Fe se está intentando realizar una reforma institucional y judicial en miras a implementar el juicio por jurados para asesinatos, abusos sexuales agravados, corrupción de menores, delitos cometidos por funcionarios y por policías y servicio penitenciario.
Días atrás la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto de ley enviado por el ejecutivo provincial y el próximo jueves será el turno del Senado. La iniciativa busca instaurar el nuevo sistema judicial para los delitos más graves que impactan socialmente y sigue el modelo de un tribunal formado por doce jurados seleccionados tras una audiencia de “voir dire”.
Esto, equitativamente representados por género, bajo las instrucciones de derecho de un juez profesional, veredictos unánimes e inapelables para los casos de absolución y la realización de un nuevo juicio en caso de estancamiento.
El jurado popular será competente en casos de delitos graves como ser asesinatos, torturas, vejaciones y apremios ilegales y estragos dolosos cometidos por funcionarios públicos, abusos sexuales agravados, corrupción de menores de 13 años o delitos cometidos por personal policial o servicio penitenciario en enfrentamientos.
Hay que recordar que el juicio por jurados surge de la Reforma Constitucional de 1994 consignado en el artículo 118.
Hace poco más de una semana la Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto y se espera que en la próxima sesión del Senado provincial, que se realizará este jueves 22 de febrero, se debata el proyecto. De ser aprobado, Santa Fe se uniría a las once provincias que ya han incorporado la participación ciudadana a su administración de justicia penal.
Para ser jurado se debe ser argentino con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, que tengan entre 18 y 75 años. Ser jurado es una carga pública por lo que es obligatorio para quienes sean designados como tales y es un derecho.
Además se debe saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a dos (2) años en la circunscripción judicial correspondiente.
Es el Ministerio de Justicia y Seguridad provincia, según el proyecto, el encargado de confeccionar cada dos años, por sorteo en audiencia pública utilizando el padrón electoral vigente, los listados principales de ciudadanos que cumplen con los requisitos para ser jurados.