El fiscal general Gonzalo Miranda y la fiscala auxiliar Ana Oberlín continuaron con el desarrollo de su alegato con la mención de cada uno de los 605 casos del Juicio Brigadas.
De este modo, volvieron a poner en evidencia el accionar represivo sistemático: partos en cautiverio y apropiación de bebés, asesinato de víctimas identificadas muchos años después, sin olvidar los numerosos casos de jóvenes obreros, trabajadoras y estudiantes que pasaron por los CCD Pozo de Banfield, de Quilmes y de Lanús que siguen desaparecidos.
Tras un prolongado receso estival, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata reanudó el 14 de febrero las audiencias del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 en los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense en Banfield, Quilmes y Lanús, ésta última con asiento en Avellaneda. Los jueces del Tribunal pisaron el acelerador: se prevé que el juicio concluya hacia fines de marzo, tras más de tres años de debate oral, público y virtual en gran medida.
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Gonzalo Miranda y la fiscala auxiliar Ana Oberlín continuaron durante las audiencias 130, 131 y 132 que tuvieron lugar los días 14, 20 y 22 de febrero con la mención y breve relato de la pesadilla que padecieron obreros, maestras, médicos, niños y numerosos estudiantes secundarios, víctimas de secuestro, torturas y en muchísimos casos desaparición de víctimas que estuvieron cautivas en esos centros clandestinos. Los fiscales mencionaron a cada una de las 605 víctimas que son casos en este juicio, de las cuales el 31,2% están desaparecidas y el 5,2% fueron asesinadas, situación acreditada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).