En un caso que ha conmocionado a la opinión pública y puesto en el punto de mira a Toyota Argentina S.A., una familia ha interpuesto una demanda por daños y perjuicios contra la gigante automotriz, alegando graves fallos en el sistema de airbags de una camioneta Toyota SW4.
El accidente, ocurrido el 11 de enero de 2018, dejó a Patricia Mirian Sosa, madre y esposa, en un estado de cuadriplejía con una incapacidad del 100% para el resto de su vida, desencadenando una batalla legal por una compensación justa y medidas correctivas por parte de la empresa.
Representada por los abogados Santiago José Michel y Pablo Enrique de Rosas, la familia Colombo demanda una indemnización, una cifra sujeta a ajustes según la prueba a rendir.
Además, solicitan que Toyota informe públicamente sobre el potencial fallo de los airbags en sus vehículos SW4, específicamente en situaciones de vuelco, para prevenir futuros incidentes.
Accidente
La demanda detalla el trágico accidente sucedido en la Ruta Nacional nº 12, provincia de Misiones, cuando la camioneta, conducida por Sosa y transportando a sus tres hijos, sufrió un vuelco que provocó lesiones catastróficas debido al no despliegue de los airbags del lado del conductor.
Mientras los airbags del lado derecho funcionaron correctamente, los del lado izquierdo, donde se encontraba la conductora, fallaron en abrirse, contribuyendo a la severidad de las lesiones.
Los demandantes argumentan que este fallo en el sistema de seguridad es una muestra de responsabilidad directa de Toyota en los daños sufridos, citando informes técnicos y periciales que apoyan su caso.
La familia alega que el accidente no solo ha devastado la salud y la capacidad física de Sosa sino que también ha impactado profundamente en el proyecto de vida, la estabilidad emocional y económica de toda la familia.
El caso pone en evidencia la importancia de los estándares de seguridad automotriz y plantea interrogantes sobre la eficacia de los sistemas de airbags, especialmente en modelos considerados de alta gama y seguridad.
La demanda busca no solo una reparación económica sino también medidas preventivas para asegurar que los consumidores estén adecuadamente informados sobre los riesgos potenciales asociados a los vehículos que eligen.