El Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires aprobó una herramienta de trascendencia que establece pautas y reglas tendientes orientar la actuación de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, con el objetivo de garantizar tanto el trato digno, respetuoso y no discriminatorio de las personas mayores, como su acceso al servicio de justicia sobre bases igualitarias.
La redacción del documento fue fruto de la labor de una mesa de trabajo creada al efecto que llevó adelante reuniones con referentes involucrados en la materia, no sólo del Poder Judicial sino también de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en un esquema de trabajo participativo que incluyó aportes de representantes del Colegio de Abogados local, de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Estado, el Instituto de Previsión Social, organizaciones no gubernamentales y académicos de las áreas del derecho, la psicología y la gerontología.
La guía confeccionada, luego de efectuar un repaso del marco jurídico protectorio de las personas mayores (donde se destaca especialmente la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que cuenta con jerarquía constitucional en nuestro país desde el año 2022), repara en las barreras con que usualmente se encuentran quienes interactúan con el sistema de justicia, desarrollando finalmente las medidas de ajuste (identificativas, conductuales y de procedimiento) que propician los instrumentos internacionales que consagran sus derechos.
El abordaje incluye cuestiones que van desde la adaptación de la infraestructura edilicia a la superación de la brecha digital; la atención preferente de la persona mayor, el uso de técnicas de escucha activa y de lenguaje claro y adaptado; la celeridad reforzada de los actos procesales -para los cuales se le asigna prioridad a este grupo poblacional- y la preferencia por las actuaciones orales y el trabajo en red, con apoyo familiar y social.
La resolución de la Suprema Corte que aprobó la guía (res. SC n° 216/24) también encomendó al Instituto de Estudios Judiciales la elaboración de un cronograma de capacitaciones en los distintos departamentos judiciales asociadas al contenido del instrumento, a desarrollarse una vez efectivizada su implementación.