La jueza federal María Isabel Caccioppol ordenó hoy investigar los estados contables de una empresa de medicina prepaga y determinar el destino de los fondos cobrados de más por los aumentos autorizados por el DNU 70/23.
Lo hizo en el marco de una audiencia por Zoom en el marco de un amparo colectivo que tramita en los tribunales federales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
La jueza le pidió a la fiscal Josefina Minatta que “proceda a investigar los estados contables y dónde fueron los fondos de los fondos de los más de dos millones de afiliados” a la empresa OSDE.
La empresa estuvo representada por su director general, Luis Fontana, y la audiencia concluyó sin acuerdo entre las partes.
La abogada Valeria Carreras, en representación de uno de los amparistas, denunció penalmente a OSDE por el presunto delito de “desobediencia” de una medida cautelar que le prohíbe aumentar la cuota de su servicio.
“No ha dado cumplimiento con la cautelar de mentas y no solo ello, sino que no ha acreditado en el amparo haberlo hecho (reducir las cuotas en los términos de la sentencia judicial). Tampoco comunicó de ninguna manera a mi representado, afiliado y consumidor de la empresa de salud, incumpliendo también previsiones de la ley 24240 (deber de informar en forma clara detalle de conceptos facturados y servicios prestados)”, sostiene la denuncia.
En la audiencia no hubo avances sobre cómo la empresa devolverá lo cobrado de más ni sobre cómo adecuó hacia el futuro los valores de las cuotas.