Una vecina de la localidad de Ranelagh fue denunciada días atrás ante la UFI N° 3 de Berazategui por una presunta estafa que alcanzaría a vecinos de barrios privados de la zona de Berazategui.
Una de las damnificadas (de quien este medio se reserva sus datos filiatorios) inició la presentación bajo el patrocinio legal de la letrada particular, Silvia Grossi en contra de una mujer identificada como N.C.S. que habría mediante “engaños” perjudicado económicamente a una residente de los countries de la zona; la denunciada ofrecía servicios de apoyo escolar a hijos de los lugareños para luego de convencerlos proponerles rendir exámenes internacionales para los que solicitaba sumas millonarias en moneda extranjera.
La denuncia radicada ante la UFI de la doctora Gabriela Mateos refiere a que al menos durante más de dos años la imputada “persuadió a la víctima y le propuso servicios de “tutorías educativas” (se dio en época de pandemia) presentándose además como licenciada en ciencias de la educación; asimismo otra de los engaños consistía en ofrecer exámenes internacionales ante instituciones de lengua extranjera”.
La denunciante comenzó a sospechar de las acciones de N.C.S. a partir de una situación en la que fue “bloqueada” en diferentes dispositivos al querer comunicarse, lo que derivó en que comenzase a indagar acerca de los presuntos contactos que refería la mujer y darse cuenta que todo era falso: “se solicita que las conductas desplegadas comprenden al artículo 172 del Código Penal tipificando los presupuestos de la estafa. En consecuencia por medio del petitorio se pide citar a declarar a personas referidas en las denuncias, certificación del título de licenciatura de N.C.S. en la casa de altos estudios”, dice el escrito elevado ante la UFI N° 3 de Berazategui, entre otros puntos.
Asimismo se precisa que la denunciada se movilizaba en diferentes rodados y operaba con diferentes líneas telefónicas, la damnificada que es asistida por la doctora Grossi es funcionaria de la justicia en el orden federal.
Las estafas ascenderían a sumas millonarias y tendría como damnificadas a otras personas que habitan en los complejos cerrados de la zona.