El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para crear en el ámbito de la Cámara baja una comisión especial que “determine responsabilidades” y proponga “medidas ejemplificadoras”, luego de que seis integrantes de la bancada de La Libertad Avanza se trasladaran en una camioneta oficial del Congreso para reunirse en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura militar.
A su vez, tomó estado público que varios referentes de los bloques dialoguistas, entre ellos el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica le transmitieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su malestar por el hecho de que haya sucedido un episodio de esas características, utilizando recursos del cuerpo, como el vehículo en el cual se trasladaron, e instaron al riojano a que tome cartas en el asunto.
El tema se coló durante la reunión que por la tarde se desarrolló en el Salón de Honor con funcionarios del Gobierno nacional que fueron hasta allí para presentar la reforma política y electoral a los distintos bloques de la oposición amigable.
“Fue algo atroz”, señaló un influyente diputado del PRO sobre la excursión que hicieron los diputados libertarios encabezados por entrerriano Beltrán Benedit a la cárcel de Ezeiza, a bordo de una camioneta Renault Master Blanca, patente MBI 546, que pertenece al Congreso nacional.
Al diputado en cuestión no le conformaron las explicaciones ofrecidas por Menem, quien delante de todos dijo que la decisión de esos seis diputados “no es representativa del Gobierno ni del bloque” de La Libertad Avanza sino que se trató de una “agenda personal” de quienes participaron de esa actividad.
El proyecto de resolución de Unión por la Patria apela al artículo 66 de la Constitución Nacional y al artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja.
“La concreción de este tipo de conductas no debe pasar desapercibida y debemos actuar ante cualquier intento de propiciar la impunidad de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar”, señalaron en los fundamentos.
Además de Benedit, participaron de la visita a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.
“En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y para que no se consoliden acciones que tiendan a la impunidad de los actos más aberrantes de la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados debe tomar acciones para determinar responsabilidades y corregir tanto a los arriba mencionados como otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos”, finaliza la iniciativa del bloque presidido por Germán Martínez.