Un proyecto que busca frenar la tormenta de llamadas telefónicas que invaden la vida cotidiana fue presentado en la Legislatura bonaerense para que las empresas que ofrecen bienes y servicios inscriban sus números en un registro que facilitará la detección de los usuarios cuando se trate de una llamada comercial.
“Pretendemos terminar con las llamadas comerciales indiscriminadas que se han convertido en un problema para muchas personas y ponerle fin a una modalidad de estafa telefónica muy usada actualmente”, explicó la diputada Ayelén Rasquetti ante la ola de denuncias de este delito, que tiene como principal víctima a los adultos mayores.
Con la inscripción de las empresas en el registro propuesto por la diputada, los llamados telefónicos destinados a ventas de servicio o productos contendrán la leyenda “llamada comercial” en la pantalla del celular de la persona en cuestión.
De esta manera, el individuo podrá reconocer el origen y decidir si atiende o no, puntualiza la iniciativa de la legisladora del Frente Renovador.
“Todos los días leemos alguna noticia de estafas telefónicas utilizando teléfonos falsos en nombre de empresas conocidas. Hacer que dichas empresas registren sus teléfonos para que los usuarios y usuarias sepan de dónde proviene el llamado, va a ayudar mucho a terminar con este tipo de delitos”, resaltó la autora de la iniciativa.
En esta línea, resaltó que las llamadas comerciales son realizadas a través de call centers, por lo que el celular las cataloga automáticamente como spam, es decir comunicaciones no solicitadas o comerciales que se envían indiscriminadamente.
“Estas llamadas provienen de empresas telefónicas, bancos, compañías de seguro, o incluso tiendas con las que el usuario jamás ha tenido contacto. Además, es sabido que existen estructuras montadas alrededor del spam telefónico, con organizaciones que se dedican a recolectar números de teléfonos en internet para luego vender esta base de datos a cualquier compañía que la requiera”, subrayó Rasquetti.
En abril la diputada bonaerense del oficialismo también presentó un proyecto para incluir en el Código Penal provincial la figura de “fraude especial” y de “estafa agravada a personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad”, dos grupos sociales que son los blancos perfectos para los perpetuadores de estafas telefónicas.