La ex jueza Alejandra Velázquez fue detenida por Interpol en España acusada de buscar a embarazadas de situación económica vulnerable para obligarlas a vender sus bebés. Velázquez, ex titular del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, ya había sido destituida por la Corte en 2017 por “intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer”.
Fueron el fiscal José Amallo y el juez de Pilar Nicolás Ceballos quienes la imputaron por cohecho y falsedad ideológica. Además, la acusaron de contactar a asistentes sociales del juzgado para que buscaran a mujeres embarazadas, dieran a luz y luego vendieran sus bebés.
En septiembre de 2017, Velázquez fue destituida por fallo unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El Jury que demandó una semana estableció que la funcionaria quedó inhabilitada para ocupar otro cargo judicial.
Velázquez presidía el Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar y estaba acusada de graves irregularidades. Una de ellas, el hecho de recibir dádivas para definir la entrega de niños menores en adopción, por lo que había sido suspendida en 2016. En noviembre del mismo año la jueza había presentado su renuncia ante la Suprema Corte para evitar el Jury, pero su medida no recibió el aval del Poder Ejecutivo.
Las personas que prestaron testimonio durante la investigación aseguraron que la ahora exjueza les propuso realizar un trabajo adicional (una “changa”, definieron) que consistía en “conseguir panzas”, captar niños en situación de adoptabilidad o mujeres embarazadas que desearan dar a sus hijos en adopción. También se constataron anomalías en expedientes de adopción, principalmente a familias adineradas de Pilar.
Velázquez fue denunciada por presionar a mujeres embarazadas de pocos recursos para que entreguen a sus hijos a cambio de dinero, destinados a familias de alto poder adquisitivo de Pilar.
En la denuncia también consta que durante la investigación se detectó “una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas, también modificaciones en el registro de orden de chicos en situación de ser adoptados”.
Además, la jueza está sospechada de firmar más de 600 expedientes en ausencia durante los seis años que estuvo en el cargo, mientras estaba de viaje fuera del país. Velázquez también fue acusada de faltar al cuidado de los menores cuya guarda estaba a su cargo, de no visitarlos y desatenderlos totalmente.