Con la mirada puesta sobre la sesión que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) María Inés Parry insistirá con un proyecto que buscará fortalecer el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), con el propósito de asegurar que quienes adeudan cuotas alimentarias cumplan con sus obligaciones parentales.
De esta manera, a 25 años de la creación de dicho registro, se buscará establecer la inscripción obligatoria de deudores alimentarios que adeuden dos cuotas consecutivas o alternadas en un año calendario. Además, se prevé introducir la obligatoriedad para instituciones financieras y públicas de consultar el Registro antes de otorgar créditos, renovar cuentas, o habilitar servicios a quienes se encuentren inscritos en el RPAM.
También incluye la realización de campañas de difusión y concientización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, así como la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los adultos. Asimismo, la iniciativa legislativa propone restricciones más estrictas para los deudores alimentarios, incluyendo la imposibilidad de acceder a licencias de conducir, ser designados en cargos públicos o judiciales, y la exclusión de programas de vivienda social en caso de estar inscritos en la RPAM.
Además, se analiza la posibilidad de imponer restricciones para acceder a espectáculos deportivos y culturales.Finalmente, se contempla la colaboración con entidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como provincial, para ampliar los efectos del registro y garantizar que los deudores alimentarios enfrenten las consecuencias de su incumplimiento.
“Es fundamental que quienes no cumplan con sus responsabilidades enfrenten consecuencias reales y tangibles”, afirmó Parry.
Cabe recordar que se estima que solo uno de cada cuatro padres cumple con el pago de las cuotas alimentarias establecidas. Actualmente, el Registro (RPAM) de deudores cuenta con apenas 2.841 inscriptos en la Ciudad y alrededor de 10 mil en todo el país. Por ello, esta iniciativa busca: validar la utilidad del RPAM, implementar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de estas obligaciones y profundizar las alianzas con el sector privado.
La iniciativa también integra propuestas de las legisladoras María Bielli (UP), Sol Méndez (CP), Jessica Barreto (PS) y Facundo Del Gaiso (VxM), con el fin de consolidar un marco legal más robusto.