La presidenta de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, María José Lescano, expuso ante el Plenario de la Comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y de Presupuesto y Hacienda en Diputados de la Nación. Entre otras cosas resaltó que “la responsabilidad penal juvenil debe ir de la mano de instancias previas como la intervención en consumos problemáticos y la deserción escolar y que el sistema penal juvenil debe plantearse desde una mirada integral e interdisciplinaria con vasos comunicativos con el sistema de promoción y protección de derechos, destacando a su vez la importancia de la implementación de programas de Justicia Restaurativa que actualmente se aplican en la provincia de Buenos Aires”.
Asimismo fijo posición de la La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires que la magistrada preside al sostener “que se trata de una regresión en materia de derecho penal juvenil, máxime si se tiene en cuenta las condiciones carcelarias actuales de nuestro país”.
La Jueza sostuvo que las estadísticas de comisión de delitos realizados por parte de menores de edad no justifican la referida modificación legal que aparece como respuesta a hechos aislados de conmoción pública que alimentan una respuesta punitivista.
Asimismo citó el Informe de las Direcciones de Producción de Información y de Responsabilidad Penal Juvenil de la Subsecretaria de Político Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Pcia. De Buenos Aires de donde surge que el 2,2 % del total de los delitos denunciados en PBA durante 2023 le fue imputado a personas menores de edad; valor que en 2012 ascendía a 4.3%.
Esto es, se advierte una tendencia decreciente en esta última década, lo que también se observa en la tasa de denuncias a adolescentes, mientras aumenta la población bonaerense.
Es debido a este contexto que “la Red entiende que se debe abordar la temática desde una óptica mucho más compleja, siendo que estamos hablando de personas vulnerables quienes por su inmadurez aún están en plena etapa de crecimiento y evolución personal. Destacan que el debate debe estar necesaria y obligatoriamente atravesado por un enfoque de derechos conforme lo prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, y no adoptando posturas regresivas carentes de bases sólidas y que harían incurrir a nuestro país en responsabilidad internacional”.
En suma, consideran que el recurso a la pena juvenil sólo debe ser la respuesta mínima y subsidiaria a una sólida y verdadera política de promoción y protección integral de derechos.