Los intendentes de Lanús y de Quilmes, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, presentaron ante la Justicia un pedido de informe acerca de la actividad económica del Consorcio del Puerto de Dock Sud, con el objetivo de determinar la real incidencia de la logística del Puerto en ambos municipios del conurbano bonaerense. Salió sorteado el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Avellaneda.
Además, le solicitaron a la Justicia la intervención de un perito contador que verifique los asientos contables y proporcione información sobre la actividad de las empresas, mercaderías, tasas y vehículos, entre otras cosas; y un perito informático que extraiga datos del sistema de las empresas y del Consorcio, incluyendo detalles de carga, descarga, distribución, control logístico, y rastreo satelital de vehículos.
Este informe les permitirá a ambos distritos construir un diagnóstico certero y establecer el impacto de la actividad portuaria. “Comprendemos que es fundamental recopilar información detallada sobre las operaciones del Puerto a través de la documentación fiscal y logística que nos provean, a fin de evaluar el perjuicio actual y futuro que produce la actividad del Puerto de Dock Sud sobre las calles de nuestros distritos”, expresó el intendente de Lanús Julián Álvarez, quien además es el director regional del Consorcio.
“Ante esta situación, le planteamos al Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud la implementación de una Red de Tránsito Pesado y la creación de un Fondo Compensatorio para reparar el daño ocasionado durante años en ambos distritos”, afirmó el intendente sobre estos pedidos que fueron aprobados por el Honorable Concejo Deliberante de Lanús y también de Quilmes.
“Quilmes y Lanús son parte de la zona portuaria, por eso desde febrero de este año tenemos a Julián Álvarez como Director representante de ambos municipios. Nuestro reclamo es que se considere el daño que hacen a nuestras calles, cableados, obras hidráulicas y hasta viviendas el paso de los camiones de toneladas mayores a las permitidas. Tenemos el acompañamiento de los vecinos y el compromiso del gobernador para intervenir y asegurar que no existan ciudadanos de primera y de segunda”, destacó Mayra Mendoza.
A su vez, Mayra Mendoza señaló que “éste no es un problema entre particulares, y mucho menos en contra de los vecinos de Avellaneda. Lo que buscamos es una reparación por los años de funcionamiento y ningún beneficio para la comunidad de Quilmes y de Lanús, de quienes transportan mercadería para la importación y exportación, tienen grandes ganancias y no cumplen con sus obligaciones básicas respecto a nuestros municipios. Queremos lo que nos corresponde, como lo tiene Avellaneda, y consideramos que el Gobierno provincial tiene que velar por la distribución de las ganacias del puerto en toda la zona portuaria, es decir, en Avellaneda, Lanús y Quilmes”.