Días atrás se desarticuló una banda dedicada a la defraudación digital en el Departamento Judicial de Quilmes, bajo la investigación de la Fiscalía Nº 1, especializada en delitos de extorsión y estafas en entornos digitales. Durante los allanamientos, se secuestraron celulares y dispositivos electrónicos, resultando imputadas dos mujeres y un hombre.
Tras una serie de allanamientos en Remedios de Escalada se desarticuló una banda dedicada a la defraudación informática. La investigación fue iniciada en febrero de este año 2024 y liderada por la UFI N° 1 , a cargo del doctor Ariel Rivas, temática en delitos de extorsión y estafas en entornos digitales. Durante los operativos, se incautaron dispositivos electrónicos y quedaron imputadas dos mujeres y un hombre.
La investigación comenzó tras la denuncia de una ciudadana de Quilmes, quien poseía una cuenta comitente de inversiones en una empresa digital con sede en Argentina. La denunciante había depositado un total de 15 millones de pesos en dicha cuenta, representando todos sus ahorros. Según la investigación, los estafadores accedieron a su información personal y utilizaron técnicas avanzadas para adulterar su documento nacional de identidad (DNI). Con estos datos alterados, los delincuentes abrieron una cuenta en una billetera virtual, utilizando su nombre real, pero con la fotografía de una de las imputadas.
Una vez creada la cuenta fraudulenta, los estafadores transfirieron los 15 millones de pesos desde la plataforma de inversiones a la billetera virtual manipulada. Posteriormente, los fondos fueron transferidos a diversas cuentas, con el fin de dificultar su rastreo.
Esta práctica es común en las estafas digitales, donde personas prestan sus identidades para abrir billeteras virtuales, y luego venden las claves de acceso a los estafadores a cambio de una compensación monetaria. Los fondos robados se utilizaron para comprar criptomonedas, lo que permitió a los delincuentes sacar el dinero del sistema financiero regulado, dificultando aún más su seguimiento.
La investigación continúa en desarrollo, y los dispositivos incautados serán peritados para seguir el rastro del dinero y desmantelar por completo la organización. Los imputados enfrentarán cargos por defraudación informática, según el artículo 173, inciso 16 del Código Penal. Se alerta a la población sobre el peligro de fraudes virtuales y se recomienda no compartir información personal ni responder a comunicaciones sospechosas.