La comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta se reunió ayer en el Salón Illia para dar inicio al tratamiento de iniciativas que proponen una serie de modificaciones en el artículo 84 bis de la Ley 11.179 del Código Penal en virtud de elevar las penas ante homicidios viales. Fueron recibidos seis expositores para ampliar la cuestión.
Los proyectos de ley puestos a consideración fueron impulsados por la senadora pampeana María Victoria Huala (Pro), la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UP) y el sanjuanino Roberto Basualdo (MC). Desde la organización “Madres del Dolor” cuestionaron la ausencia de legisladores, pero el titular de la comisión, Juan Carlos Pagotto, aclaró que muchos se vieron afectados en sus vuelos por la medida de fuerza de Aerolíneas Argentinas.
En el cierre de las exposiciones, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, en su rol de autoridad, anunció el pase a un cuarto intermedio y dado el consenso logrado en la reunión, confirmó que la semana que viene estarán presentes los miembros de la Comisión de Reforma del Código Penal para pasar el dictamen a la firma.
Los invitados avalaron la propuesta
El primer expositor fue el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli, quien brevemente presentó: “En 2023 en Argentina hubo 3.680 siniestros de tránsito, en los cuales 4.400 personas perdieron la vida”. Agregó que en la mayoría de los casos se trató de “gente joven, de sexo masculino, entre 15 y 34 años y muchos usuarios de motos”.
Además, recordó que por la cantidad de muertes ocasionadas “en 2010 fue definida como una pandemia”. Sumó que “el objetivo de la Agencia es reducir muertes en accidentes de tránsito”, y destacó: “Piensen la seguridad vial como un sistema de eslabón seguro para evitar muertes porque con pena y sanción efectiva, se ayuda al proceso de duelo de las personas que tuvieron un familiar fallecido en esos siniestros”.
A su turno, Walter Gorbak, licenciado en Criminalística, cuestionó a las penas establecidas en el Código Penal actual y avaló la modificación propuesta por la senadora Huala respecto a establecer condenas que vayan desde los 5 a los 12 años cuando hayan más de tres agravantes. “La siniestralidad vial nos está ganando por goleada y es la primera causal de muerte”, refirió.
Desde su experiencia, aportó que los jueces se ven limitados con las penas actuales y señaló que “un conductor alcoholizado, con estupefacientes, con exceso de velocidad, que cruza en rojo y genera más de dos muertes queda contemplado en ese máximo de seis años”. Mencionó, también, que hay un gran número de penas que quedan en suspenso.
Puntualmente, afirmó que “la gran siniestralidad es urbana” y propuso “penalizar como agravante a la velocidad, cuando lleva un 30% de más del permitido”. Por su parte, hizo énfasis en los agravantes de alcohol al volante y los derivados en graves lesiones.
En esa línea, recordó la sanción de la Ley de Alcohol Cero y amplió: “Avalamos que se diga alcohol cero como agravante, pero la norma debe adecuarse y el Código Penal debe tener consonancia”. A su vez, relató que en el “50% de los hechos hay alcohol presente en víctimas e imputados porque los vemos en autopsias o pericias sanguíneas de imputados”. Respecto a las lesiones, indicó que hay entre “120.000 y 150.000” accidentes que dejan lesiones permanentes y discapacidades.
En el cierre, mencionó el caso del cantante de cumbia El Pepo (Rubén Castiñeiras) y señaló que “con seis agravantes, quedó dentro del arbitrio de 3 a 6 años”. “Debemos quitarle subjetividad al juez porque cuando la norma es clara y precisa, el juez solo debe comprobar”. También, propuso agregar el agravante de cruzar la vía con barrera baja mencionado en el texto presentado por Roberto Basualdo.
En el mismo sentido, el doctor Natalio Nicodemo, en representación de la asociación Madres del Dolor, afirmó: “Es muy penoso ir a Tribunales, probar seis o siete agravantes y que aún así nos quedemos con penas de tres a seis años, penas en suspenso, prisión domiciliaria o lograr penas y que en cinco años el asesino pase manejando por la puerta de la casa de la víctima”.
Avalando el contenido del proyecto de la senadora pampeana, el letrado pidió por la incorporación del término “impericia”, y explicó que “quien mata al volante tiene dos escalas punitivas: De dos a cinco años con diez de inhabilitación sin agravantes, la cual pedimos no tocarla y que quede como está, y la otra, aún con agravantes, con pena de tres a seis años”.
“Creemos que hay más agravantes a los 11 que contempla el Código Penal y pedimos incorporar a la gente que conduce mirando el teléfono (manipular equipos móviles de comunicación al momento del hecho); a quien no tiene licencia; y a quien la tiene para otra clase de vehículo porque vemos a gente con registro de auto y mata arriba de un camión”, reiteró.
Respecto al consumo de alcohol y estupefacientes, solicitó que en la redacción “se quite bajo los efectos de” en rigor de que la legislación actual contempla el consumo de drogas alucinógenas al momento del siniestro y no en los momentos previos. “Ya alcanza con que haya consumido un día antes”, añadió. Por el consumo de bebidas alcohólicas adhirió a la postura de Gorbak.
Por otro lado, pidió por la suspensión del juicio a prueba: “Tenemos casos en los que probamos agravantes y el mínimo les permite suspender el juicio a prueba y piden hacer tareas comunitarias”. En tal sentido, propuso “con agravante que no haya ‘probation’”.
Por último, agregó: “Que se agregue al 14 bis sobre la libertad condicional ya que si tenemos un homicida vial condenado por la tercera escala, que no tenga el beneficio a la libertad condicional ya que mostró un desprecio por la vida”.
Completaron las exposiciones Viviam Perrone, fundadora y miembro de la asociación civil “Madres del Dolor”; Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas; y Miguel Ángel Rivas, gerente de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de CABA.