Roberto Antonio Ruiz y María Laura Gomez, ambos jubilados, promovieron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto 782/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad la Ley 27.756, que disponía importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social a favor del colectivo de jubilados y jubiladas.
Entre los planteos principales, indicaron que el Decreto carecía de fundamentación, lo que tiñe -según sus argumentos- al acto de gobierno como inválido. Sobre este punto destacaron que “la exigencia de conformidad a la regla de fundamentación del veto no se limita a lo formal (expresión del fundamento), sino que también, comprende el aspecto sustancial (la razonabilidad del fundamento)”. En efecto, pidieron la revisión judicial de este aspecto constitutivo del acto de gobierno.
Además, sostuvieron que el veto presidencial sobre el aumento de las jubilaciones dispuesto en la ley, demolió una serie de derechos constitucionales: el derecho a la seguridad social respecto de la movilidad y compensación de las prestaciones jubilatorias (artículo 14 “bis” de la Constitución argentina, artículo 9 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales y artículo 17 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores), el principio de razonabilidad (artículo 28 de la Constitución argentina), el principio de progresividad y no regresividad del sistema de derechos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución argentina) y la tutela efectiva de los derechos mediante acciones legislativas afirmativas en la condición de integrantes de un grupo –los jubilados y las jubiladas- histórica y estructuralmente desaventajado y sometido a una situación de discriminación estructural (art. 75 inciso 23 de la Constitución argentina).
Finalmente, solicitaron a la jurisdicción que se haga lugar a la demanda promovida, y consecuentemente, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Decreto 782/2024, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que promulgue el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756 y lo mande a publicar en el Boletín Oficial, con costas.