Atado a la movida nacional que modificó el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, en la provincia de Buenos Aires también pretenden llevar esa práctica para terminar con “la práctica deplorable con la utilización de recursos del Estado”.
La diputada del PRO Julieta Quintero Chasman presentó en la cámara un proyecto de ley donde se prohíbe “la colocación de nombres de gobernadores, intendentes, concejales, consejeros escolares, juez y cualquier otra autoridad, símbolos, audios o imágenes que supongan promoción personal de autoridades o funcionarios públicos o identifiquen la gestión, en todo tipo de publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o comunicación gubernamental alternativa, en bienes inmuebles o muebles propiedad de la Provincia o Municipalidades y/o vehículos adquiridos por la Provincia o Municipios”.
En sus fundamentos, Julieta Quintero señaló que “el proyecto de ley tiene como finalidad poner fin a una práctica deplorable que, lamentablemente, ha permeado en distintos niveles de la administración pública: la utilización de recursos estatales para la promoción personal de funcionarios y autoridades”.
Asimismo, explicó la que “buscamos regular y establecer un marco normativo claro sobre la imposición de nombres a bienes muebles e inmuebles y la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas realizadas por los órganos públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los ámbitos provinciales y municipales. El objetivo principal es asegurar que dicha publicidad tenga un carácter estrictamente informativo, educativo o de orientación social, evitando cualquier tipo de promoción personal de autoridades o funcionarios públicos”.
Agregó además la legisladora macrista que “la apropiación indebida de recursos públicos para fines de autopromoción es una conducta que no solo es moralmente cuestionable, sino que también constituye un abuso flagrante del poder y una burla a la ciudadanía. Los bienes y recursos del Estado no son herramientas de campaña ni vehículos para el engrandecimiento personal de quienes detentan el poder”.
Para dar cumplimiento con la presente Ley, una vez sancionada, el Departamento Ejecutivo tendrá un plazo de hasta de 60 días para adecuar la nomenclatura y publicidad en inmuebles, vehículos y demás bienes pertenecientes a la Provincia o Municipalidades que se encuentren en falta con la normativa establecida en la presente ley o con algún tipo de inscripción personalizada.
