Se realizó en el Senado una jornada sobre falsas denuncias, donde se escucharon relatos escalofriantes de familias destruidas por este tema.
En ese marco, la senadora Carolina Losada tiene presentado un proyecto desde el año pasado que impone penas de hasta seis años de prisión si “fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
Durante el evento, que se realizó en el Salón Azul del Senado, Losada destacó que “las falsas denuncias hacen bastardear las causas de las verdaderas mujeres que denuncian y realmente son víctimas”, y criticó a quienes “militaban un falso feminismo con carteles que decían ‘muerte al macho’, o quienes hacían sus necesidades en la Catedral” de la Capital Federal.
Según Losada, es necesario cambiar la lógica de “te creo porque sos mujer” al “te creo porque decís la verdad”, y mencionó al “hembrismo” como el equivalente al “machismo”, lo que hizo “un verdadero daño al feminismo”. Además, recordó que la falsa denuncia está tipificada en la actualidad –”un chiste”, dijo-, con “una multa que va de $800 a $15.000, y penas de dos meses a un año” de prisión.
Una de las expositoras fue Andrea Guacci, quien se convirtió en una referente y relató el caso de su esposo y ex técnico de la selección argentina de fútbol femenino: primero contó que “el 9 de septiembre del 2022, cuando fuimos al ex Ministerio de la Mujer 200 mujeres, firmamos un petitorio para ser escuchadas y hablar, pero nos bajaron la persiana en la cabeza”.
“Mi esposo demostró su inocencia de manera contundente con más de 100 jugadoras de testigo. Ellas -acusadoras- no se presentaron al juicio, ni sus abogadas. Medios de comunicación internacionales difundieron la noticia de la denuncia, pero no así la resolución final. Las personas que denunciaron mantienen vínculos con la Selección de fútbol femenino y algunas fueron ascendidas, mientras que con mi familia tuvimos que irnos a Italia”. Y agregó: “No podemos permitir que una mentira arruine la vida de las personas”.
Otro disertante fue Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, niño asesinado por su progenitora y la novia de ella. “Nos presentamos ante la justicia 11 veces, nadie nos escuchó. En la última audiencia la jueza nos dijo ‘la madre es la madre y no va a estar mejor que con ella’. Al año y tres meses me trajeron a Lucio en un cajón”, señaló.
En el encuentro también estuvo presente el abogado platense Marcelo Peña que empuja también un proyecto para modificar el Código Penal y endurecer penas.
“Luchando contra una perversa política de género que mató a su nieto, el abuelo de Lucio Dupuy no baja los brazos. Pura admiración”, indicó el abogado platense.
“Es una cuestión que genera un efecto disuasivo incluso para profesionales y colegas, inclusive porque se ha generado una industria de generar denuncias de hechos inexistentes para promover letargos en los juzgados de familia, se ha tomado como un juego y lamentablemente terminan los niños siendo víctimas de esa sistematización”, había indicado Peña cuando presentó su iniciativa.
“Cuando se apunta a la falsedad, empiezan a generarse roces en todo lo que es la estructura interna del poder judicial, los jueces de familia no resuelven hasta tanto no terminan archivadas –luego de comprobarse la inocencia de la persona denunciada– las causas, y eso puede demorar un año o año y medio, pasa en los falsos delitos de abuso o de contexto de violencia de género… Sin perjuicio de que algunos magistrados en la esfera familiar no quieren resolver una resolución de forma expeditiva hasta tanto no está resulta la cuestión penal, pero sucede que el derecho penal no es expeditivo y genera que los niños sean rehenes del sistema”, explicó el letrado.
En ese marco, había subrayado sobre su proyecto: “El artículo 245 del Código Penal castiga con penas de dos meses a un año o multa al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Si bien es cierto que afecta aquí bien jurídico la administración pública como bien jurídico tutelado, no es menor tomar lectura de varios especialistas en la materia el daño letal que provocan, reitero, en la salud mental de los niños, la terrible convulsión a la que fueron victimizados, pues ello entonces merece readecuar y elevar el presente proyecto porque el espíritu de su ulterior sanción sea razonable y proporcional hasta incluso según la gravedad de los hechos de cumplimiento efectivo, por ello, deviene imperioso impulsar nuevamente, pues coexisten, en el ámbito nacional, proyectos infructuosos en los que esa falsedad debe ser castigada, como incluso, a la postre, los profesionales que provocaron con ese grado de mendaz estrategia y proceder esa cruel situación en los niños que sufrieron ese desarraigo familiar”.
