El gobierno de Javier Milei avanza en la derogación del Decreto 476/2021, que desde 2021 permite que las personas no binarias puedan registrar su identidad de género en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y otros documentos bajo la nomenclatura «X». Esta medida, que según fuentes de la Casa Rosada podría ser oficializada en los próximos días, implicaría la eliminación de la opción no binaria en documentación oficial, lo que podría derivar en una ola de demandas judiciales.
Desde su promulgación, el decreto posicionó a Argentina como el primer país de América Latina en reconocer identidades de género más allá del binarismo de «hombre» y «mujer». A nivel internacional, este avance fue comparable con países como Alemania, Canadá e India, y estados de Estados Unidos como Nueva York y Nueva Jersey. Las minorías sexogenéricas, otra vez son la carne de cañón en la “batalla cultural” del oficialismo.
El entorno presidencial justifica la derogación del decreto al señalar que el número de trámites realizados para obtener un DNI no binario es reducido. Afirman que desde 2021, menos de dos mil personas solicitaron este cambio, cifra que consideran insuficiente para mantener vigente la normativa. Sin embargo, activistas y referentes de la diversidad sexual denuncian que la medida responde a una estrategia política que busca desmontar los avances en derechos humanos y diversidad de género logrados en la última década.
María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), explicó que el decreto que Milei planea derogar es una herramienta reglamentaria que facilita el ejercicio de un derecho garantizado por la Ley de Identidad de Género N° 26.743, sancionada en 2012. «La ley garantiza el respeto a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva, que no debe ajustarse a las categorías de ‘mujer’ u ‘hombre’. Derogar este decreto no elimina el derecho, pero sí dificulta su ejercicio en la práctica», afirmó. Esto abre interrogantes en relación a qué pasará con quienes ya tramitaron su documentación con estas características. Según Rachid «se trata de un derecho adquirido. No lo pueden desconocer».
Rachid anticipó que, si la medida se concreta, desde la FALGBT llevarán el caso ante la Justicia y, si es necesario, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, advirtió que la derogación colocaría al Estado argentino en falta respecto a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
