El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, encabezado por Enrique Lavié Pico, resolvió que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, incorpore en un plazo de tres días a 66 comedores comunitarios que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de Juan Grabois, en los programas alimentarios vigentes.
El fallo judicial responde a un amparo colectivo presentado en febrero por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la UTEP, que busca garantizar el derecho a la alimentación de sectores vulnerables. Según el juez, el incumplimiento del plazo establecido podría derivar en sanciones para Capital Humano, aunque estas no fueron especificadas.
La resolución subraya la importancia de garantizar el acceso a alimentos básicos en un contexto de crisis social. Desde las organizaciones denunciantes señalaron que la situación se agravó desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei y se interrumpió la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios.
En una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Gramajo, secretario general del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), acusó al Gobierno nacional de llevar adelante un “plan de miseria planificada”. Según el dirigente, la falta de alimentos en los comedores impacta especialmente en mujeres, niños y personas mayores, agravando la crisis humanitaria.
Por su parte, desde Capital Humano argumentaron que los convenios con “El Amanecer de los Cartoneros” vencieron en octubre de 2024 y que la renovación estaba condicionada a la presentación de la documentación faltante y la evaluación de un relevamiento en territorio.
A principios de noviembre, la cartera que conduce Pettovello, comunicó que 11 de los 77 espacios gestionados por la organización no funcionaban como comedores. Sin embargo, respecto a los otros 66, indicaron que serían visitados para evaluar su inclusión en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM).
En este marco, el juez Lavié Pico consideró que el tiempo transcurrido desde la comunicación fue suficiente para completar el proceso, al tiempo que criticó las respuestas dilatorias de Capital Humano y destacó que el derecho alimentario no puede postergarse.
