En el primer año de la administración de Javier Milei, las universidades públicas enfrentaron una drástica reducción de recursos. Este ajuste generó una escalada de tensiones que se tradujo en dos masivas movilizaciones en defensa del sistema educativo.
Desde diciembre de 2023, la gestión de Milei aplicó recortes significativos al presupuesto universitario, lo que impactó directamente en los salarios y en el funcionamiento de las instituciones. La situación se agravó con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido impulsada por amplios sectores del Congreso y respaldada por la comunidad educativa.
Los recortes no solo afectaron a los docentes y estudiantes de universidades públicas, sino que también involucraron a instituciones privadas y sindicatos. Esto motivó una primera manifestación el 23 de abril de 2024, con una convocatoria estimada en 800 mil personas. Según una encuesta de Equipo Mide, un 51% de los consultados expresó su apoyo a la protesta, destacando el amplio consenso social detrás del reclamo.
La respuesta del Gobierno
A pesar de la magnitud de las movilizaciones, desde el oficialismo minimizaron los reclamos. El presidente Milei calificó las manifestaciones como parte de una campaña opositora, señalando que los participantes “mostraron el miedo que tienen a mi liderazgo”. Paralelamente, el Ejecutivo insistió en la necesidad de auditar a las universidades públicas, argumentando presuntas irregularidades en la administración de los fondos.
Sin embargo, las autoridades universitarias y expertos del sector negaron estas acusaciones. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, afirmó que las auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994 garantizan la transparencia en el manejo presupuestario. “Toda la información es pública y está disponible para quien quiera consultarla”, subrayó.
Otra polémica surgió cuando el Gobierno sugirió que las universidades “inventaban” estudiantes para incrementar su presupuesto. Esta acusación fue desmentida categóricamente por rectores como Oscar Arellano, de la Universidad Nacional de Catamarca, quien explicó que el Sistema de Información Universitaria (SIU) asegura la trazabilidad de los alumnos desde su inscripción hasta la graduación. “Es imposible manipular esos datos”, enfatizó.
