El bloqueo del acceso a los materiales y páginas de Educación Sexual Integral que implementó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo los fundamentos de emprender una revisión exhaustiva y un análisis “neutral” de todo lo que había en las páginas oficiales levantó muchas protestas. Entre ellas, la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que difundió en las últimas horas un comunicado repudiando lo ocurrido.
El texto es muy conciso y más que claro. Comienza así: “La decisión tomada por el gobierno de la Ciudad de suspender el acceso a los materiales de Educación Sexual Integral para una revisión resulta contraria a la legislación vigente tanto nacional como local. Exigimos que cualquier modificación que se quiera incorporar cuente con el debate y la consulta a las organizaciones especializadas en igualdad de género y en promoción de la salud sexual, organizaciones que vienen luchando desde hace décadas para lograr una vida libre de violencias y de estereotipos discriminatorios”.
Y en el último párrafo hace hincapié en cuestiones legales: “Es preciso cumplir en forma cabal los principios de la Ley N.º 2110 de Educación Sexual Integral y de la Ley N.º 114 de Protección Integral, así como el principio pionero de la Constitución Porteña que garantizó, entre otros muchos, el derecho a ser diferente”.
