El Gobierno Nacional prorrogó la medida que condiciona y limita los acuerdos salariales del personal del Sector Público Nacional hasta el 31 de diciembre de 2025; la Decisión Administrativa 1/2025 publicada en el Boletín Oficial lleva las firmas del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y del Ministro de Economía Luis Caputo.
La norma original tuvo su sanción por el Ejecutivo en febrero del 2024, donde se establecía la negociación del Sector Público Nacional con los Convenios Colectivos de Trabajo de su personal “dentro de su presupuesto disponible”, apuntando a la “racionalización de los recursos del Estado Nacional”.
De esta forma las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Ejecutivo comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera tienen condicionamientos al momento de fijar sus aumentos salariales, como lo indica el texto original publicado en 2024: “Cuando el personal se encuentre encuadrado en Convenciones Colectivas de Trabajo deberán respetar los procedimientos del marco jurídico que en cada caso corresponda y solo podrán modificarse las condiciones de trabajo y/o actualizar las retribuciones de su personal mediante el régimen paritario que les resulte de aplicación”.
Las subas para el personal referido debe estar encuadrado en el marco de las previsiones presupuestarias vigentes aprobadas. Esto se aplica también para los acuerdos celebrados en el marco de la Ley N° 14.250 para el Sector Público Nacional.
Los sectores incluídos en la Decisión Administrativa son: la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. También, respecto al inciso c) del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, también se cuentan los Entes Públicos.
El Ejecutivo argumentó la prórroga afirmando que “las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público sin perder el objetivo de optimizar los recursos y lograr un accionar más eficiente del Estado”.
