El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien investiga al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de activos, habilitó la feria judicial durante el mes de enero, para no demorar las averiguaciones del caso y obtener una prueba importante desde España.
Luego de una presentación en la Unidad de Información Financiera (UIF), el magistrado confirmó su colaboración con uno de los organismos españoles implicados para así poder avanzar con las pruebas.
Según trascendió, la información proveniente de España podría ser muy importante e involucra a la concejala Claudia Pombo (quien renunció a la titularidad del Concejo Deliberante de Pilar) debido a que realizó cinco viajes dudosos a Málaga entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024. Asimismo, también llamaron la atención cinco vuelos a Estados Unidos, uno a Brasil y otro a Uruguay.
Paralelamente, fueron imputados el exdirector de Fiscalización y Control, Fernando Asencio; la hija de Pombo, Agustina Cuadra; el juez de faltas Mario Quattrochi; Roxana Elma Pombo y Héctor Marcelo Suárez Basail, medio hermano de Pombo, que trabaja en la Cámara de Diputados bonaerense y cobra un sueldo cercano a los dos millones de pesos.
La investigación está dividida en varios expedientes y uno de los folios principales se encuentra en La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta; simultáneamente, en el juzgado federal de Campana, se investiga el caso por presunto lavado de activos.
Si bien las averiguaciones recaen en el patrimonio de D’Onofrio y el resto de las personas que pertenecen a su entorno, también se estudia la existencia de un posible esquema de recaudación millonaria a través de fotomultas, en la que se pretende saber si el ex funcionario fue parte de un sistema paralelo que ofrecía eliminar las multas a cambio de una comisión.
