El Presidente de la Nación, Javier Milei, eliminó por decreto el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que funcionaba en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación y que resolvía conflictos entre consumidores y proveedores con carácter pre judicial.
La medida, adoptada a través del decreto N°55/2025, también dispuso la disolución del Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo y el “Fondo de Financiamiento” destinado a cubrir el costo de las notificaciones y honorarios de los mediadores.
Vale recordar que el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, el registro y el fondo disueltos, fueron creados por la ley 26.993 en el año 2014. Estos actuaban a nivel nacional mediante su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las dependencias, delegaciones u oficinas fijas o móviles que se establecieran en el resto del país.
Para el Gobierno, el COPREC “duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los reclamos ingresados. Con esta decisión, los consumidores podrán resolver sus reclamos vía web de manera más rápida y eficaz. Además, el Estado ahorrará $650 millones anuales”.
Según los considerandos de la medida, el COPREC ha operado exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desde el año 2022 también funciona un órgano similar: el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (SCRC) bajo la órbita del Consejo de la Magistratura porteño.
Además, señalaron que también se encuentra vigente la mediación obligatoria previa a todo proceso judicial en el ámbito de la Justicia Nacional, cuestión que tiene por finalidad posibilitar un acuerdo conciliatorio entre proveedores y consumidores para la resolución no adversarial de los conflictos de consumo.
“La coexistencia de organismos con facultades y atribuciones superpuestas, así como la existencia de instancias burocráticas con misiones y funciones similares en jurisdicciones geográficas coincidentes, ha generado, en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios”, expresa el decreto.
Las causas que se encontraban en trámite ante el organismo que hoy se disuelve continuarán siendo tramitadas y serán concluidas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Éste operará como autoridad de aplicación y conservará las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias.
Será a través de la Ventanilla Única Federal, creada en el año 2021, que distribuirá y asignará los reclamos interpuestos por los consumidores que ingresan mediante dicha plataforma, para su tratamiento y consideración, en todo el territorio nacional.
