A días del crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes que fueron encontrados muertos en un descampado de Bosques en Florencio Varela, el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N° 5, pidió apartarse de la investigación y aseguró que sufrió “intimidación y amenazas” por parte de abogados de los familiares de las víctimas. En el documento de 7 carillas el titular del Ministerio Público Fiscal de esa localidad requirió excusarse de la causa. Lo hizo ante el juez de Garantías, Adrián Villagra, basándose en distintos fundamentos; ahora el magistrado puede aceptar o rechazar la requisitoria del doctor Bustos Rivas.
Por un lado, sostuvo que tomó la decisión debido a la “intimidación y amenazas” que habría sufrido por parte del abogado de la madre de Josué, Carlos Diéguez. Según su pedido, el letrado lo presionó para aceptar su hipótesis delictiva y amenazó con consecuencias laborales y exposición mediática. Consultado por Data Judicial, Diéguez rechazó de plano la cuestión y enfatizó: “trabajamos en pos del esclarecimiento de la verdad y somos respetuosos de la labor del señor fiscal”.
El fiscal argumentó que estas acciones generaron una “violencia moral” que compromete su capacidad de mantener la “objetividad e imparcialidad” necesarias para la investigación, afectando su “equilibrio espiritual y generando temor por su función y carrera judicial”.
Para Diéguez, los asesinatos no se basaban en cuestiones de inseguridad, sino que eran puntualmente una cuestión derivada de “narcomenudeo”, detalló el fiscal entre los fundamentos. “Podría haberlo incluido en una nueva línea investigativa sin problemas. Sin embargo, el letrado comenzó a realizar manifestaciones respecto a mi función”, agregó.
En consecuencia, el funcionario se amparó en el artículo 47, inciso 13, del Código Penal, para solicitar su apartamiento del caso. En las próximas horas el juez Villagra decidirá sobre la excusación y en caso de aceptarla se deberá sortear una nueva fiscalía.
Medidas
Antes de excusarse, Bustos Rivas ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios de Florencio Varela, que dieron resultados negativos. Los avances de la investigación son pocos hasta el momento, pero para el fiscal se trató de un “homicidio agravado criminis causae”, aunque todavía no hay sospechosos en el radar de la Justicia.
Las únicas pistas que tiene el expediente son las cámaras de seguridad que están a metros de la zona donde encontraron los cuerpos de los adolescentes, en un descampado situado al lado de las vías del Tren Roca, debajo del puente de Bosques.
En la secuencia de imágenes, captadas el 30 de enero a las 18.05, los adolescentes se juntaron en la plaza en Marcos Paz y Cramer, y empezaron a caminar en diagonal hasta llegar a una esquina, donde frenaron para hablar alrededor de dos minutos. Luego, continuaron su camino.
El último registro antes del ataque fue pocos minutos después, cuando una cámara los captó en dirección al predio en Arturo Capdevilla y Colectora Ruta 36. Se los ve a los chicos caminando hacia los pastizales, pero la figura de ambos se pierde y el ángulo de la cámara no llega a grabar la entrada al lugar. Lo que se sabe es que de allí no salieron.
