El Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales emitió un comunicado en el que expresó su repudio a la designación en comisión efectuada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 137/2025 de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como Jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello sin el acuerdo del Senado.
“Dicho accionar, abiertamente inconstitucional, constituye un avance indebido del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, debilita la independencia judicial, expone a los magistrados a presiones políticas y compromete la legitimidad y calidad institucional del máximo tribunal y de todo el Poder Judicial”, sostuvieron.
Asimismo, consideraron que la designación de magistrados en comisión es una herramienta excepcional, que busca evitar afectaciones graves al funcionamiento del sistema de justicia en supuestos en que el Senado no estuviere sesionando y bajo ninguna circunstancia puede utilizarse para sortear la falta de consensos democráticos.

“Reiteramos el deber constitucional y convencional y la necesidad de que se designen mujeres en el máximo tribunal, para garantizar una justicia verdaderamente representativa de todas las miradas y realidades y con perspectiva de género”, agregaron.
Por último, enfatizaron: “Manifestamos públicamente nuestro compromiso con el Estado Constitucional de Derecho y el Sistema Democrático y Republicano de gobierno, rechazando cualquier pretensión de su avasallamiento expreso o implícito”.