La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) manifestó un enérgico repudio a lo que consideran “presiones políticas y amenazas” del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, contra la jueza porteña Karina Andrade. Según expresaron, estas acciones tienen como fin condicionar sus decisiones judiciales y alinearlas con los intereses del oficialismo, lo cual representaría un grave atentado contra la independencia del Poder Judicial.
Desde la AJB destacaron que Andrade “ha ejercido su magistratura con estricto apego a la ley”, garantizando derechos constitucionales esenciales como el de manifestarse y expresarse frente a lo que consideraron “avasallamientos de derechos humanos básicos”. No obstante, denunciaron que el Ejecutivo nacional estaría desplegando “acciones coercitivas” con el objetivo de forzarla a fallar en sentido contrario a la legalidad y la justicia.
La organización judicial enmarcó esta situación dentro de un “acelerado deterioro de la institucionalidad democrática”, que, según señalan, se ha venido profundizando en los últimos meses. Como ejemplo de esta deriva, mencionaron los episodios de represión ocurridos el pasado miércoles durante una manifestación en apoyo a jubilados y jubiladas, que terminó con más de 130 personas detenidas, 650 heridos y múltiples denuncias por violencia y abuso policial.
“Las presiones políticas sobre el Poder Judicial representan una amenaza directa al sistema democrático y al Estado de derecho”, advirtieron desde la AJB. Y concluyeron con una definición categórica: “La independencia judicial no es negociable ni puede ser vulnerada por intereses partidarios o gubernamentales”.
