Personas privadas de libertad de una cárcel de Florencio Varela colaboraron con la mano de obra de la confección de cortinas para una escuela Primaria en un emprendimiento de servicio a la comunidad.
La experiencia se efectuó en la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena y del gobernador Axel Kicillof.
Los internos que confeccionaron las cortinas habían aprobado antes un curso textil y así elaboraron 24 cortinas destinadas a la Escuela Primaria N°20 del Barrio La Esmeralda de Florencio Varela.
Los 20 internos realizaron el curso de capacitación laboral y como trabajo final del mismo confeccionaron las cortinas para el establecimiento educativo que aportó las telas necesarias.
La labor fue organizada entre las autoridades de la Unidad 23, a cargo de Julián Román y su equipo de trabajo; del CENS N°401 que funciona dentro del establecimiento penal y por el Centro de Formación Laboral que coordina Verónica Miño, y las cortinas fueron recibidas por la directora de la Escuela 20, Verónica Gini.
Personal penitenciario se acercó la semana pasada hasta la sede de la Escuela en el barrio La Esmeralda de Florencio Varela a los efectos de hacer entrega de la donación de los 24 juegos de cortinas destinadas a la institución educativa primaria.
Gini agradeció la producción y destacó que la relación con la Unidad 23 viene desde el año pasado cuando la Escuela donó libros para la biblioteca del penal y mobiliario deteriorado para restauración, y desde la cárcel donaron bicicleteros y un carro para trasladar libros y dos canastos para guardar mapas.
Este año la Escuela compró telas y desde la Unidad 23 confeccionaron las cortinas que van a ser utilizadas, no solo para las ventanas de las aulas, sino también para otras dependencias e incluso el SUM del establecimiento.
Actividades solidarias como esta son una constante en el ámbito del tratamiento penitenciario y a la vez de beneficiar a entidades sociales y educativas permiten a las personas privadas de libertad acceder a capacitaciones laborales que les serán de suma utilidad una vez que recuperen su libertad.
