La Policía Federal Argentina (PFA) reconquistó cientos de valiosos documentos de interés para el Estado. Su existencia surgió de la Base Nacional de Bienes Sustraídos y de la Base de Datos Internacional de Obras de Arte Robadas de Interpol, pero no se informó cómo fue que llegaron a los depósitos de la Aduana, si eran robados, o estaban sencillamente abandonados.
Entre los archivos descubiertos se encuentran cartas, expedientes, manuscritos, comunicaciones, notas y documentación histórica del Estado de origen argentino y los cuales datan del Siglo XVIII y Siglo XIX.
La presente causa tuvo su génesis el 10 de junio de 2022, cuando personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) efectuó una comunicación con efectivos federales del Departamento Protección del Patrimonio Cultural, solicitándoles colaboración en pos de un cotejo clave en lo que constituye al restablecimiento de bienes nacionales.
Concretamente, se les requería una serie de detalladas compulsas en las bases de datos de la PFA, tanto en el plano nacional como así también a escalada internacional, con el objetivo de corroborar los patrimonios decomisados por el mencionado organismo gubernamental.
Atento a lo expuesto y a la postre de un análisis de la información buscada, se detectó que en la Base Nacional de Bienes Sustraídos de Policía Federal y en la Base de Datos Internacional de Obras de Arte Robadas de Interpol, existían diversos objetos que poseían impedimentos.
Frente a dichas circunstancias, intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8 a cargo de Gustavo Darío Meirovich, Secretaría N°16 a cargo de Martha Lorena Hendler, el cual ordenó que los materiales descubiertos sean trasladados desde la Biblioteca Nacional Mariano Moreno hacia la nombrada dependencia policial.
Allí, una vez catalogado el total de los elementos incautados, se determinó que entre ellos se hallaban más de 200 documentos correspondientes al Acervo Histórico Documental del Archivo General de la Nación y que, por esa razón, no deberían estar en manos de particulares.
En ese contexto, la judicatura actuante dispuso la inmediata restitución de la documentación histórica a la sede de dicho organismo con la finalidad de que la misma permanezca bajo custodia del Estado Nacional para su consulta y eventual estudio.
