Los abogados defensores de los inculpados por el escrache al diputado libertario (LLA) José Luis Espert, junto al (CELS) y organizaciones políticas reclamaron “la liberación de las presas”, además de asegurar que esto es una “persecución política”.
El abogado Diego Molea, uno de los defensores de Alesia Abaigar, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Muzzio, Candelaria Monte Cató, Joaquina Santos y Eva Mieri, aseguró que el hecho que se les atribuye a los detenidos “a lo sumo constituye una contravención”.
“El Juzgado federal de San Isidro, liderado Sandra Arroyo Salgado, toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto preocupan y nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo”, manifestó.
Asimismo, el abogado que representa a Mieri, confirmó que su situación procesal “todavía no ha variado” y se encuentra “detenida e incomunicado”, esperando que se disponga su declaración indagatoria.
Por su parte, abogados e integrantes de Peronismo por la Ciudad expresaron su “enérgico repudio”, calificaron a las detenciones de “arbitrarias” y exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, “responsable política de esta avanzada autoritaria”.
“Este accionar viola garantías constitucionales básicas, como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia, llegando incluso hasta el Principio de Legalidad, ya que las compañeras son perseguidas y detenidas acusadas de conductas que, aún si fueran responsables, no constituyen delitos”, señalaron.
En la misma línea, , el CELS sostiene que la Bullrich es “una de las principales promotoras” de utilizar todos los recursos punitivos del Estado “para perseguir a quienes protestan y a la disidencia política, junto con la SIDE”.
“Allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache. Un hecho que, como mucho, podría ser una contravención, hoy es tratado como un delito federal grave. La justicia es instrumento del gobierno en esta desproporción. La criminalización selectiva es persecución política. El gobierno usa el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes. El sistema político entero empieza a estar condicionado por estas operaciones”, planteó el organismo.
Asimismo, el abogado y dirigente social, Juan Grabois, le respondió vía redes sociales a la ministra de Seguridad Nacional y la acusó de “poner el aparato del Estado para perseguir a gente por estas pelotudeces o por protestar”.
“El hombre duro de la provincia de Buenos Aires, el narcofriendly Espert, fue con lágrimas de facho a esconderse abajo de la pollera de mamá Estado que tanto odia para que lo defienda de unas chicas que supuestamente pusieron un pasacalle y ensuciaron la vereda de su mansión. Pusilánime”, concluyó.
El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) también se manifestó en contra de las detenciones de las seis personas inculpadas, “a partir de la persecución impulsada por el diputado Espert, la ministra Bullrich y la justicia federal” y se hicieron presentes, en el día de ayer, en la conferencia de prensa de sus familiares y abogados.
“(El lunes) hicimos una conferencia de prensa en Tribunales para denunciar la detención en un penal federal de Abaigar, acusada de haber ‘puesto caca’ en la vereda de la casa de Espert. Los policías que hirieron gravemente a mi compañero Matias Aufieri, después de que Espert reclamara que nos dieran ‘cárcel o bala’, están totalmente impunes en la misma justicia federal”, concluyó la referente del FIT, Myriam Bregman.
