A través del Decreto 464/2025, el Gobierno nacional extendió la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de rutas nacionales, hasta que concluya el proceso de disolución y privatización que prevé la Ley de Bases.
Recientemente, se conoció que la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte tiene como fin asumir tareas clave en materia de fiscalización.
La continuidad de la intervención ratifica en su cargo a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, y otorga al Ministerio de Economía la potestad de dictar normas complementarias para llevar adelante la decisión.
De esa manera, la futura privatización de Corredores Viales se realizará mediante las concesiones de obra pública bajo la modalidad de peaje, tal como lo prevé el Decreto 97/2025.
Entre las acciones correctivas ya implementadas se destacan un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la normalización del área legal.
Según el Gobierno, estas mejoras requieren ser consolidadas en el tiempo para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de gestión vial. La intervención, por lo tanto, se mantendrá hasta completar el proceso establecido por la normativa vigente.
Es importante señalar que tras el cierre de Vialidad Nacional, la nueva Agencia de Control asumirá la fiscalización de concesiones viales, contratos, acuerdos de operación y permisos tanto en el transporte automotor (urbano y suburbano) como ferroviario, abarcando cargas y pasajeros.
