La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Abigail Gómez, presentó un proyecto de ley que busca reformar de manera integral el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a consolidar el uso de audiencias virtuales, notificaciones electrónicas y firma digital como norma general en los expedientes de la Justicia bonaerense.
“Desde hace varios años los abogados convivimos con dos regímenes procedimentales en paralelo, el del Código Provesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y las diferentes Acordadas de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Sucede, que estas últimas no han sido incorporadas al código y por lo cual, nuestro código de procedimiento aún no recepta las diferentes reformas que nos trajo la tecnología” explicó la legisladora.
El texto de Gómez propone modificar más de una decena de artículos del Código, entre ellos, los referidos a las reglas generales de audiencia, los plazos de sentencia, las formas de notificación, la admisión de pruebas digitales y la presentación de escritos judiciales. Además, incorpora dos artículos nuevos bajo el título de disposiciones transitorias, donde se fijan los principios del proceso digital y los criterios de protección de datos personales.
Una de las novedades centrales de la iniciativa es la incorporación del inciso 7 al artículo 34 del Código, para que sea deber de los jueces “fomentar el uso de tecnología y herramientas tecnológicas” con el objetivo de garantizar la celeridad, la economía procesal y el acceso efectivo a la justicia. En tanto que, propone habilitar de forma expresa la realización de audiencias por videoconferencia y otros medios electrónicos, siempre que se resguarde el derecho de defensa y la inmediación procesal.
En ese sentido, Gómez invitó a modificar el artículo 125 para permitir que las audiencias se celebren en modalidad mixta o virtual cuando lo solicite una de las partes. Asimismo, se establece que las declaraciones testimoniales y periciales puedan producirse de forma remota, garantizando la verificación de identidad y el registro del acto. También postuló incorporar como prueba admisible todo tipo de documentación digital: desde capturas de pantalla y correos electrónicos hasta metadatos y registros electrónicos.
“Esta trascendental reforma implica revisar varios artículos claves que regulan principios procesales tradicionales basados en la presencialidad y el soporte papel, mutando a la utilización de medios electrónicos como regla general en la tramitación de los procesos judiciales”, sostuvo Abigail Gómez.
La diputada, Abigail Gómez, busca digitalizar a la Justicia bonaerense con una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial.
La diputada Gómez también presentó un pedido de informes por la parálisis de la Comisión Permanente del Mapa Judicial.
En materia de notificaciones, la diputada bonaerense propuso invitar a constituir domicilio electrónico para todas las partes del proceso y establece como medio prioritario el correo electrónico oficial. Los artículos 143, 143 bis y 135 son reformulados para ajustar el régimen de notificación a los nuevos canales digitales, con excepciones puntuales. Además, Gómez aclaró que los gastos de notificación quedarán incluidos en la condena en costas, tal como ya lo establece el artículo 77.
Otro punto relevante es la modificación del artículo 120, que fijaría como obligatoria la presentación de todos los escritos procesales en formato electrónico, con firma digital o firma electrónica validada por el sistema judicial bonaerense. En los casos en los que esto no sea posible por razones fundadas, el juez podría autorizar presentaciones en papel, aunque debería dejar constancia expresa de la excepción.
Como parte del capítulo de disposiciones transitorias, la diputada libertaria propuso incorpora el artículo 855, que establece los principios del proceso digital, lo que permite garantizar los derechos fundamentales como el debido proceso, la publicidad, la igualdad y la contradicción. A su vez, legisladora sumó el artículo 856, que establece lineamientos estrictos en cuanto a la protección de datos personales en los expedientes digitales, en cumplimiento con la Ley 25.326 y los estándares internacionales de derechos humanos.
En los fundamentos del proyecto, Gómez señaló que “incorporar la tecnología al procedimiento judicial no es una opción, sino una obligación jurídica, institucional y ética frente a la ciudadanía”. En tanto que, la legisladora advirtió que muchas de las herramientas implementadas por acuerdos de la Suprema Corte bonaerense o normas complementarias “carecen de base procesal expresa”, lo que genera inseguridad jurídica y dificultades interpretativas. “Esta reforma le da respaldo normativo a una justicia más ágil, segura y transparente”, concluyó.
