En la represión a la protesta por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el 12 de junio de 2024, fueron detenidas 33 personas y acusadas de delitos graves. En las últimas horas fueron sobreseídos 16 de estos manifestantes. La Justicia determinó, luego de más de un año, que no hay pruebas suficientes para acreditar su intervención en los hechos imputados.
Otros once manifestantes fueron sobreseídos definitivamente por la jueza federal María Romilda Servini en noviembre. Se trata de Santiago Adano, Gabriel Famulari, Nora Longo, Mía Ocampo, Belén Ocampo, Remigio Ocamó, Matías Ramírez, María de la Paz Cerruti, Rubén Dirroco, Mateo D’ettore y Germán Moyano. Ellos, como los demás, fueron detenidos y muchos trasladados a cárceles federales.
El Gobierno que en la voz de su ministra de Seguridad y otros funcionarios los calificó como terroristas, los acusó de “incitar a la violencia colectiva” y de tratar de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando desórdenes” que podían enmarcarse en la figura de “alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Sin elementos de prueba de relevancia, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva para todas las personas detenidas sin fundamentos sólidos que demostraran riesgo de fuga o que pudieran entorpecer la investigación.
Una semana después de los hechos, Servini dictó la falta de mérito para 28 de las y los detenidos y dispuso su libertad, por considerar que no había elementos ni para imputarlas ni para sobreseerlas.
En esta ocasión la justicia sobreseyó a: Sasha Lyardet, Camila Júarez Oliva, Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Claus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Nicolás Moyorga, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia y Facundo Gómez. Los restantes, están procesados por delitos menores y esperan el juicio oral.
