Una investigación judicial iniciada a partir de denuncias presentadas por personas privadas de su libertad derivó en el procesamiento de 52 agentes del Servicio Penitenciario Federal. La Cámara Federal de La Plata ratificó los cargos por torturas, violación de deberes de funcionario público y falsificación de documentos, por hechos ocurridos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Según la causa, los hechos se remontan a una protesta realizada por internos en junio de 2019, en rechazo a cambios en el régimen de visitas. La respuesta de los efectivos fue una requisa violenta, con disparos de munición no letal, golpizas y uso de gas lacrimógeno, incluso después de finalizada la manifestación.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, querellante en el caso, denunció además que, tras la represión, varios internos fueron confinados en condiciones agravantes: más de 20 horas diarias en celdas sin acceso a alimentos, agua, higiene o atención médica. Entre los acusados se encuentran el jefe del penal, jefes de turno, personal de seguridad interna, agentes de requisa y miembros de los grupos especiales GERI y GOAS. La causa avanza ahora hacia la instancia de juicio oral, en un expediente que vuelve a encender las alarmas sobre el accionar del sistema penitenciario argentino.
