Familiares de personas discapacitadas e integrantes de distintas agrupaciones participaron en la manifestación frente al Congreso de la Nación, en reclamo contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Frente a esta protesta, personal de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional activaron el protocolo antipiquetes, lo cual provocó algunos enfrentamientos cara a cara con los manifestantes.
“Me parece que es sumamente innecesario que traigan a las fuerzas armadas, a la Policía… Fijate cuántas fuerzas de la Ciudad hay acá. Acá hay personas amputadas, con parálisis cerebral… Estamos defendiendo derechos fundamentales de la Constitución que acá no se les está dando la plata necesaria”, explicó una manifestante en diálogo con el canal de noticias TN.
Este lunes se conoció a través del Boletín Oficial que el Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa que contaba con la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. En ese sentido, se decidió aplicar esta medida contra el proyecto mencionado anteriormente, como en las leyes que aumentaban las jubilaciones.
Justamente, el Congreso buscó que la emergencia nacional en discapacidad sea hasta 2026. Así, buscaba crear una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. Desde la Casa Rosada estimaron que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el veto presidencial. Desde la entidad preguntaron: “Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?” El documento sostiene: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a una diversidad de realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso. A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.
Además, representantes de diferentes organizaciones remarcaron que la situación de precariedad y desfinanciamiento incrementa la vulnerabilidad del colectivo, señalando que la emergencia abarca ámbitos laborales, sociales y sanitarios. Insisten en que la ausencia de respuestas estatales profundas agudiza las dificultades cotidianas para miles de familias en todo el país.
