El diputado santafesino Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad) presentó un proyecto de ley que propone incorporar contenidos sobre Inteligencia Artificial (IA) en las currículas educativas de todo el país. La iniciativa establece un régimen nacional de promoción para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan adherir voluntariamente y adaptar los contenidos a sus planes de estudio.
El objetivo es introducir el conocimiento de la IA de manera progresiva, integral y transversal, desde el nivel inicial hasta la formación universitaria y técnica superior. El régimen se basa en principios como el respeto a las competencias jurisdiccionales, la neutralidad ideológica, el fomento del pensamiento crítico y la promoción de una ciudadanía digital activa.
En el nivel inicial, se propone una aproximación lúdica mediante juegos, cuentos y actividades con dispositivos sencillos, sin enseñar conceptos técnicos. En primaria, se introducirían nociones básicas de programación, lógica algorítmica y pensamiento computacional, integradas en materias como Ciencias Naturales, Tecnología o Matemática. En secundaria, se plantea la creación de una asignatura específica sobre IA, con contenidos como machine learning, redes neuronales, algoritmos, impacto social y ética.
El proyecto también contempla la formación docente continua, la inclusión de módulos específicos en escuelas técnicas y la promoción de líneas de investigación en universidades. Además, se prioriza el apoyo a regiones con menor acceso a conectividad y recursos, y se garantiza que todos los materiales educativos sean gratuitos y de libre acceso.
Según los fundamentos del proyecto, la alfabetización en inteligencia artificial debe ser entendida como una nueva forma de alfabetización básica, tan relevante como la lectoescritura. La propuesta busca preparar a las próximas generaciones para interactuar con tecnologías que ya impactan en la vida cotidiana, desde redes sociales hasta sistemas automatizados en salud, justicia y comercio.
La iniciativa no implica la creación de nuevos organismos ni incrementos presupuestarios extraordinarios, sino que se financiará con recursos existentes. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su promulgación.
