La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue el escenario del primer Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Justicia, que reunió a destacados expertos nacionales e internacionales para discutir cómo garantizar un acceso igualitario a la justicia para las personas con discapacidad.
El encuentro, organizado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, abordó los principales desafíos que aún enfrenta la sociedad para lograr una inclusión jurídica, social y laboral plena de las personas con discapacidad. En el evento, se discutió el rol del Estado y las políticas públicas necesarias para promover la igualdad y garantizar los derechos de este colectivo.
Genoveva Ferrero, Secretaria de Administración General del Poder Judicial porteño, fue una de las principales oradoras y destacó la importancia de la jornada en un contexto donde el país se enfrenta a un debate crucial sobre la intervención estatal en materia de discapacidad. “En Argentina se está atravesando un momento muy crítico en donde se está replanteando si el Estado debe o no intervenir en materia de discapacidad”, afirmó Ferrero. Además, destacó que es fundamental que el Estado esté presente no solo a través de las sentencias, sino mediante políticas públicas orientadas a la igualdad.
Uno de los puntos más destacados del congreso fue la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Lisandro Fastman, juez de la CABA, subrayó la necesidad de abandonar enfoques fragmentarios y avanzar hacia una justicia más integradora. “Como integrantes del Poder Judicial me parece que lo menos que podemos hacer es poner el cuerpo y la escucha”, afirmó Fastman, quien también destacó la urgencia de integrar las diversas ramas del sistema judicial.
Desde una perspectiva internacional, Jorge Araya, Secretario del Comité sobre Personas con Discapacidad de la ONU, subrayó que a pesar de los avances en accesibilidad de edificios judiciales, el verdadero desafío sigue siendo transformar el acceso a la documentación judicial. “Todavía hay un gran desafío, que es transformar la accesibilidad a todo lo que es la documentación, porque para muchos ciudadanos no es sencillo comprender la jerga judicial”, indicó Araya.
A lo largo del congreso, expertos de diferentes áreas compartieron experiencias y estrategias internacionales, incluyendo a Ezequiel Mercurio, jefe del Departamento de Peritos de la Defensoría General de la Nación, y Mabel Remón, creadora del programa ADAJUS. También participaron figuras como los legisladores porteños Manuela Thourte y Juan Manuel Valdés, quienes abordaron la perspectiva institucional en relación con los derechos de las personas con discapacidad.
El testimonio más conmovedor fue el de Noelia Garella, quien compartió su experiencia como la primera maestra con síndrome de Down en Argentina. Su intervención resaltó el impacto social y educativo de la inclusión y cómo es posible transformar las prácticas y paradigmas existentes.
El Congreso subrayó que, a pesar de algunos avances, aún persisten barreras materiales, simbólicas y normativas que impiden un acceso total a la justicia para las personas con discapacidad. En su cierre, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando en conjunto para eliminar estos obstáculos y avanzar hacia una justicia inclusiva y accesible para todos.
